El colegio Juan Pablo II de Alcorcón, subvencionado con fondos públicos, ha vuelto a captar la atención mediática que consiguió hace un par de años cuando, su director, Carlos Martínez, hizo llegar una carta a padres y alumnos al inicio del curso escolar en la que calificaba de "despropósito pretender imponer una ideología a fuerza de sanciones", señalando las sanciones recogidas de la nueva ley, afirmando "el parecido de la nueva ley LGTBfóbica con el fanatismo terrorista es inquietante".
Unos comentarios que no pasaron desapercibidos para la asociación Arcópoli, que contó con el apoyo de Cristina Cifuentes, la que fuera la presidenta de la Comunidad de Madrid en aquel momento. Por ello, la Consejería de Políticas Sociales multó al director con 1.000 euros aplicando, precisamente, la ley contra la que se pronunciaba en la carta -pero que se quedaría en 800 euros por pronto pago-. Una cuantía que, para la propia asociación, pareció ser insuficiente.
Sin embargo, ni el director ni la Fundación Educatio Servanda, a la que pertenece este colegio concertado, se conformaron con asumir esta sanción, por lo que la Fundación decidió hacerse cargo de las costas judiciales y "llegar hasta el último extremo para defender unos derechos que son de todos". El mismo director volvió a enviar una misiva pidiendo apoyo económico porque, "en el fondo, se trata de luchar por nuestras libertades frente a una ley que consideramos injusta", continuaba Martínez en la carta. De nuevo, el director volvía a arremeter contra la ley LGTBI de la Comunidad.
El juez sostiene que, desde la perspectiva del derecho a la libertad de expresión, "la formulación de críticas, por desabridas, acres o inquietantes que puedan resultar no son más que reflejo de la participación política de los ciudadanos y son inmunes a restricciones por parte del poder público, salvo si lo expresado solamente trasluce ultraje o vejación"
Ahora, el Juzgado Contencioso administrativo número 10 de Madrid ha estimado el recurso que presentó el director del colegio por lo que la Comunidad de Madrid tendrá que devolverle los 1.000 euros de multa que le impuso tras criticar el "dogmatismo" de la ley contra la homofobia en una carta a sus alumnos.
La setencia, difundida por la propia Fundación, estima que la propia Administración reconoce que el actor lo que ha emitido es una crítica a la Ley 3/2016, por lo que le ampara "el derecho fundamental a expresar y difundir libremente pensamientos, ideas u opiniones no solo mediante la palabra o el escrito". El juez sostiene que, desde la perspectiva del derecho a la libertad de expresión, "la formulación de críticas, por desabridas, acres o inquietantes que puedan resultar no son más que reflejo de la participación política de los ciudadanos y son inmunes a restricciones por parte del poder público, salvo si lo expresado solamente trasluce ultraje o vejación".
Siendo así, el contenido de la carta de Carlos Martínez, en la que reprochaba a los políticos la aprobación en Madrid de la ley contra la LGTBfobia, mientras "los atentados terroristas llegan a nuestras puertas, mientras que nuestros políticos parece que se entretienen en generar problemas inexistentes y complicar las cosas”, solo refleja el desacuerdo del recurrente, el director, sobre la norma jurídica.