Con motivo del Día de la Visibilidad Trans, que se conmemora este viernes, 15 de marzo, la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans y Bisexuales (FELGTB) denuncia, gracias a los datos extraídos de una encuesta realizada por la propia Federación a una muestra de personas trans de todo el territorio español, que el 42% de quienes respondieron sufrieron amenazas o maltrato psicológico durante 2018.
Este sondeo, de respuesta múltiple, aunque se realizó entre una muestra que no llega a ser representativa, sí releva datos significativos como es el hecho de que casi el 70% de las 70 personas entrevistadas fueron insultadas en este periodo de tiempo, el 31%, acosadas y que el 42% sufrieron negación al acceso laboral. Además, nos muestra que el 16% fue víctima de agresiones o abusos sexuales, mientras que el 9% sufrió violencia con lesiones y el 12% violencia sin lesiones. Por otra parte, el 19% reconoció haber sufrido discriminación a la hora de acceder a los servicios sanitarios el 31% haberla sufrido al intentar acceder a otro tipo de servicios.
Para la coordinadora del grupo trans de la FELGTB, Alicia Salvadó, “estos datos son la prueba de que la sociedad española adolece todavía de transfobia (odio, miedo o falta de aceptación de las personas trans) para lo que no ayuda en absoluto que nuestra legislación actual siga considerando a las personas trans como “enfermas” pese a que la Organización Mundial de la Salud sacó la transexualidad del listado de trastornos mentales en 2018”.
“Son muchas las discriminaciones a las que nos enfrentamos las personas trans en nuestro día a día en el ámbito, escolar, laboral o sanitario, pero creemos que el germen de todo reside en no tener reconocido nuestro derecho a la autodeterminación”, explica la coordinadora.
El derecho de autodeterminación
La identidad de género es la percepción que cada persona tiene sobre sí misma en cuanto a su propio género, que puede o no coincidir con las características biológicas con las que se nace. El Parlamento Europeo ha aprobado recientemente una resolución que invitaba a los Estados miembros a incluir en sus legislaciones el reconocimiento jurídico del género sobre la base de la autodeterminación, es decir, que a las personas se les respete su identidad de género en base a la percepción que ellas tengan de sí mismas.
Sin embargo, en España, tal y como recuerda Salvadó, “la Ley 3/2007, vigente a día de hoy en nuestro país, dicta como exigencias para poder realizar un cambio registral de género el tener un diagnóstico médico de disforia de género, haber realizado dos años de tratamiento hormonal, ser español y mayor de edad, lo que exlucye a un amplio sector de la sociedad trans que seguirá teniendo unos datos en todos sus documentos oficiales contrarios a su identidad de género”.
“Para que la sociedad reconozca y entienda nuestra realidad, necesitamos ese respaldo legislativo que estaba a punto de ser conseguido antes del adelanto electoral, pues se trataba de una medida que estaba siendo tramitada en la Comisión de Justicia y contaba con el apoyo mayoritario de los grupos políticos”, explica la coordinadora. “Desde FELGTB confiamos en que los grupos mantengan ese compromiso durante la próxima legislatura”, añade.
Por este motivo, y partiendo de ese derecho de autodeterminación, la FELGTB reivindica que se modifique la Ley 3/2007, así como que el Sistema Nacional de Salud incluya dentro de su cartera de servicios comunes la asistencia sanitaria necesaria para la reasignación de sexo, así como los tratamientos durante la pubertad dirigidos a evitar el desarrollo de caracteres sexuales secundarios no deseados y a propiciar los deseados.
Así, para luchar contra las discriminaciones que sufren las personas trans en el territorio español actualmente, la FELGTB reivindica la creación de programas de información dirigidos a los centros educativos y cursos de sensibilización y capacitación para ayudar al profesorado a incorporar la diversidad afectivo-sexual, de género y familiar de manera transversal en sus currículums formativos. Asimismo, exige la implantación de protocolos de actuación específicos para casos de acoso escolar por motivo de LGTBIfobia y la formación y sensibilización del personal sanitario y de los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado sobre la realidad y necesidades de las personas trans, para animar a éstas a denunciar las violencias que sufren y garantizar así una correcta atención durante el proceso.