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Concepción y Ana Isabel son solo dos ejemplos de una situación que se repite en nuestro Ayuntamiento. Estas dos trabajadoras, que consiguieron en 2021 un contrato a través del Programa de Inserción Laboral (PIL), han visto cómo se ha "abusado" de la "vulnerabilidad" de sus circunstancias.

A la alegría por haber conseguido un trabajo, al que fueron llamadas a través de la Oficina de Empleo, por haber perdido el suyo con motivo del COVID, siguió una decepción cuando comprobaron que, al mismo trabajo, su salario era muy inferior al de los trabajadores funcionarios y laborales del consistorio. Según explica Concepción, lo primero que le llamó la atención cuando empezó a trabajar fue el "descontrol". En principio, su contrato iba supeditado a la realización de unos cursos, por los que además iban a recibir un certificado de profesionalidad, pero "todo esto no pasó".

Aunque al principio no tenían muy claras sus funciones, "hubo días en los que directamente nos dijeron que lleváramos un libro para pasar mañana", recuerda Concepción, cuando llegó Filomena los enviaron a limpiar de nieve las inmediaciones de los colegios, y a partir de ahí decidieron ubicarlos en los colegios para desinfección de COVID. Estas funciones las desempeñaban con "otras compañeras de ciudad deportiva", que fueron las primeras que les alertaron de la irregularidad de su situación, "porque hay unas bolsas de empleo, a las que se les respetan los horarios y se les paga lo mismo que a los trabajadores del ayuntamiento".

Más trabajo, menos sueldo

Los trabajadores del PIL cobraban 1.250 € en 12 pagas por una jornada de 37,5 horas semanales, mientras que los trabajadores laborales municipales que ejercían las mismas funciones en una jornada de 25 horas semanales cobraban un salario de 1.326,15 € en 14 pagas. Doce de las trabajadores, entre las que se cuentan Concepción y Ana Isabel, se pusieron en contacto con Reivindícate Abogados para denunciar esta discriminación y han ganado. "Tuvimos que tomar decisiones judiciales contra un Ayuntamiento contra su mala gestión y nos dimos cuenta que no había sido la primera vez", afirma Ana Isabel. La sentencia obliga al Ayuntamiento de Alcalá de Henares a abonarles la cantidad de 6.424,5 € a cada una.

Ana Isabel coincide con Concepción en el descontrol que acompañó a sus primeros días de trabajo y recuerda el momento en el que no le permitieron cogerse las horas que le correspondían en la jornada electoral del 4 de mayo, sino que le obligaron a coger el día libre, mientras que a los trabajadores laborales, simplemente, les mandaron a otro centro. "Era faltar a todos mis derechos como trabajadora y que eso no se puede permitir y la única vía que me quedaba era la judicial", asegura Ana Isabel, que asimismo destaca que "parecía una dictadura de Yo soy el jefe y mando".

"Saben que lo han hecho mal"

Esta no es la primera vez que ocurre algo similar en el consistorio alcalaíno, "ellos saben perfectamente cómo han hecho mal y lo siguen haciendo", afirma Ana Isabel. Y es que el Ayuntamiento ya fue condenado en julio de 2020 por el Tribunal Supremo, por contratar a trabajadores a los que les aplicaba un salario inferior al del convenio colectivo del Ayuntamiento. Ante esto el Tribunal Supremo dijo que no se recogía en el convenio colectivo el salario que se les venía aplicando a los trabajadores temporales y que por lo tanto tenían que cobrar igual que el resto de trabajadores.

Tras este varapalo judicial, en septiembre de 2020, el Ayuntamiento aprobó un acuerdo adoptado en la Mesa General de Negociación por los sindicatos UGT, CPPM y CSIF, con los votos en contra de CGT y CCOO, en el que se aprobaban unas nuevas tablas salariales por las que se permitía excluir a los trabajadores contratados en el marco de Programas de Inserción Laboral del convenio de condiciones de trabajo que se aplica a todos los trabajadores del Ayuntamiento, asignándoles una retribución muy inferior.

En contra de estas condiciones, la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social Nº 21 de Madrid, dictamina que la aplicación de la nueva tabla salarial a los trabajadores contratados en el marco de los Programas de Inserción Laboral supone un trato discriminatorio dado que a los trabajadores que desempeñen iguales funciones se les debe abonar la misma retribución. Además, se reconoce que estos programas tenían como requisito para ser subvencionados, la impartición de una formación que en ningún caso han recibido las trabajadoras.

Sentencia concluyente

Por ello, explican desde Reivindícate Abogados, la sentencia es concluyente al señalar este trato discriminatorio por parte del Ayuntamiento de Alcalá de Henares, lo que abre la veda a que, los cerca de 450 trabajadores que han podido verse afectados desde la aprobación del acuerdo puedan interponer las correspondientes reclamaciones judiciales.

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