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Parece que el Gobierno de Alcalá tenía razón. La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha concluido que la Administración Pública vulneró los derechos de los migrantes desalojados de un centro de acogida del municipio. La alcaldesa, Judith Piquet, tiene claro que esto da la razón a su equipo de Gobierno sobre la política “injusta e insolidaria” del Ejecutivo central con los inmigrantes llegados a Alcalá desde Canarias.

Piquet ha vuelto a exigir al Gobierno de España que rectifique su política migratoria en la ciudad complutense y presente un Plan de Seguridad y Convivencia para la integración de las más de 3.600 personas que han llegado a Alcalá “sin ningún proyecto”. De este asunto hemos hablado en profundidad con Orelan de Miguel, la concejala de Seguridad Ciudadana de Alcalá, que ha afirmado que son personas que “están en situación ilegal, es decir, no pueden trabajar, no se pueden buscar la vida”. Si quieres saber todo lo que ha dicho, dale al clic y mira la entrevista completa en Televisión Digital de Madrid.