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Araceli, de 70 años, lleva más de 40 años residiendo en su vivienda de Alcalá de Henares. El antiguo Ministerio de la Vivienda (cuyas funciones pasaron a la actual Agencia de la Vivienda Social “AVS” de la Comunidad de Madrid) adjudicó esta vivienda a su marido en los años 70. Un incendio provocó que cientos de documentos de decenas de familias desaparecieran de sus registros. Hace más de una década, el marido de Araceli murió, pero ella ha seguido residiendo pacíficamente en su vivienda en la cual ha criado a sus hijos y a sus nietos.

Sin recibir respuesta ni comunicación alguna de la Agencia (el antiguo IVIMA), Araceli se encontró con la desagradable sorpresa de que un juez ordenaba su expulsión del que ha sido durante décadas el hogar de su familia. A los intentos de regularizar la situación y pese a que Araceli ha manifestado reiteradamente que desea pagar un alquiler, la AVS ha contestado enviando a la Policía a desahuciar a una persona anciana, a sus hijos (una de ellas muy enferma) y a su nieta de once años.

El primer intento de desahucio se produjo el 30 de julio. En plena ola de calor y con la pandemia amenazando con un segundo rebrote, la AVS se presentó en la casa de Araceli dispuesta al desalojo. La enorme presencia de activistas y vecinas, así como la negociación que se mantuvo con el inspector, logró frenar este intento y Araceli pudo seguir residiendo en su vivienda.

El segundo intento fue aún más imprevisto. La AVS había acordado la suspensión del desalojo hasta el 7 de septiembre, cuál es la sorpresa, que el 24 de agosto intentaron de nuevo expulsar a Araceli y a su familia. Una vez más, la presión de activistas, familiares y vecinas logró una nueva suspensión.

Hoy, 7 de septiembre, tanto Policía como la comisión de la AVS volverá a intentar desalojar a esta familia por tercera vez. La Plataforma de Afectados por la Hipoteca del Corredor del Henares hizo un llamamiento para acudir a defender a Araceli y su derecho a una vivienda digna. La PAH critica la actuación de la Comunidad de Madrid que pretende dejar en la calle a personas claramente vulnerables en plena pandemia del COVID-19 sin dar opción a un acuerdo o solución, máxime cuando Araceli insiste en que desea regularizar su situación y una institución pública como es la Agencia de la Vivienda Social, lejos de actuar como garante del derecho a la vivienda, está haciendo caso omiso de la situación de vulnerabilidad social de una familia.