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Actualmente, la Plataforma para la Defensa y Mejora de la Sanidad Pública de nuestra ciudad está tratando el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que de llevarse a cabo tendría una importante repercusión en Alcalá durante los próximos cinco años.

Como plataforma han participado en varias reuniones con aportaciones sobre el "campo de acción". Por ello insisten en que es fundamental dotar a la ciudad de un espacio para uso sanitario y, aunque la ciudad no debería crecer más según afirman, hay previsión de construcción de nuevas viviendas.

La Plataforma asegura que a día de hoy hay un barrio que carece de Centro de Atención Primaria, como es El Ensanche. Desde esta organización se ha insistido desde hace años en dicha necesidad.

Además, hacen hincapié en que este no es el único problema, también están las disparatadas listas de espera en algunas especialidades y recalcan que los ciudadanos deben ser críticos con este tema y presentar las reclamaciones convenientes para que la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid tenga constancia de lo que sucede en la ciudad.

Por otro lado, en la Plataforma para la Defensa y Mejora de la Sanidad Pública están esperando a que se desarrolle la Ley 11/2017 de 22 de diciembre de Buen Gobierno y Profesinalización de la Gestión de los Centros y Organizaciones Sanitarias del SERMAS que regulará la creación y el funcionamiento de órganos de gobierno, dirección, gestión, participación profesional y ciudadana y de asesoramiento en las organizaciones del Servicio Madrileño de Salud, tratando de evitar de este modo los cambios políticos que pudieran producirse.

Gracias a esta ley, las organizaciones se regirán por principios de eficacia, eficiencia, ética, transparencia, publicidad activa, acceso a la información, buen gobierno, autonomía de la gestión y responsabilidad jurídica entre otras.

Edificio de IMMPA

La organización todavía se mantiene expectante sobre el destino que tendrá el edificio del IMMPA, a pesar de que dentro de la paltaforma se han escuchado noticias sobre el acuerdo entre la Universidad, la Guardia Civil y el Centro Superior de Investigaciones Científicas.