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Después de haber cosechado dos grandes éxitos en su larga trayectoria como abogado laboralista, Luis Suárez Machota explica en Televisión de Madrid la trascendencia de la sentencia del Tribunal Supremo que reconoce a los riders (de Glovo, en este caso) como trabajadores asalariados y no como autónomos. Además, Suárez Machota entra a valorar el proceso en el que aún siguen inmersos los trabajadores de la Fundación Número Uno. Sólo dos de los últimos casos que han llevado al abogado de SBO a los medios en los últimos meses.

Para el letrado alcalaíno, "estamos atravesando una etapa socialmente muy dura y va a venir lo peor ahora". "Hay que procurar - asegura Suárez Machota - que las leyes protectoras dentro del estado social en el que estamos se apliquen lo máximo posible porque es lo que puede proteger al sector más débil de nuestro país, de nuestra sociedad".

Por eso, su despacho no dudó en ponerse del lado de Isaac Cuende, el trabajador más antiguo de la empresa Glovo App en Madrid, que buscaba que se reconociese que el trabajo que hacía para la aplicación era una relación laboral y no mercantil. Aunque el caso se perdió en primera instancia, hace ya 4 años, y volvió a perderse en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Suárez Machota logró que "subiese" al Tribunal Supremo, "y después de 6 ó 7 meses, el presidente de la sala de resolución convocó a la Sala Social, que en pleno tenía que decidir si este tipo de contratos de las nuevas plataformas en que el empresario está detrás de una aplicación digital realmente es un contrato laboral o mercantil". La sentencia fue favorable para el rider y tiene una enorme transcendencia, porque es la primera vez que un caso de estas características llegaba al Tribunal Supremo y "coloca a España de un lado de esta interpretación" para futuros casos, "es un paso importante porque en el fondo es una reivindicación del derecho laboral frente a la desaparición del derecho laboral". . Además, explica Suárez Machota, "hay una cuestión política muy trascendente, y es que el gobierno quiere regular esto y antes de que lo regule, el Supremo lo que viene a decir es que a esto no le hace falta una norma nueva, que ya con lo que tenemos, lo que hay que hacer es hacerlo bien".

Otra de las últimas batallas que está librando el bufete es la que tienen que afrontar los trabajadores de la Fundación Número Uno, un "atropello social" por el que SBO llevó al Ayuntamiento al Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Suárez Machota asegura que "este asunto a mí me ha granjeado muchas críticas e incomprensiones, pero yo sé de qué lado estoy, y es del de los trabajadores". Finalmente, como explica el abogado, la empresa Avin Centro Especial de Empleo está interesada en retomar la activad, aunque ahora mismo el problema es que la Fundación se encuentra en un concurso de acreedores que supondrá retrasos "porque quien tiene que adjudicar la unidad productiva a un empresario es el juez mercantil y además en economía hay una cuestión que es la oportunidad y eso es cuestión de tiempo". En este sentido, Suárez avanza que "en este asunto sólo he realizado un 30% de mi trabajo".