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Alcobendas es una ciudad pionera al ser una de las primeras de España en aprobar un protocolo de actuación ante la ocupación ilegal de inmuebles que coordina la respuesta del Ayuntamiento, la Policía Nacional, la Policía Local, la Fiscalía y los jueces a la hora de prevenir y actuar en los delitos de allanamiento de morada y usurpación de bienes inmuebles.
Este protocolo impulsado por el vicealcalde y concejal de Urbanismo, Miguel Ángel Arranz, supone “una defensa a ultranza del derecho a la propiedad privada emanado del artículo 33 de nuestra Constitución Española y del Código Civil”. En la misma línea, el vicealcalde añade que “la ocupación de viviendas o locales es un acto ilegal que merece el reproche de los poderes públicos y la articulación de medidas cautelares efectivas para devolver la posesión al legítimo propietario lo antes posible”.
El nuevo protocolo ya está en vigor al ser aprobado por la Junta de Gobierno Local, formada por PSOE y Ciudadanos, esta misma semana. La redacción definitiva ha sido fruto de las aportaciones consensuadas de todos los grupos políticos, del área jurídica del Ayuntamiento, de Servicios Sociales y de los cuerpos de seguridad que prestan servicio en la ciudad.
El protocolo define la ocupación de inmuebles como un acto ilegal que convierte a los legítimos propietarios y sus familiares en víctimas, y que, además, puede generar problemas adicionales como el deterioro de la convivencia del vecindario, quejas relativas a suciedad o ruidos y la percepción de inseguridad en la zona.
Por todo ello, Arranz ha anunciado que “los afectados recibirán atención personalizada, confidencial y gratuita con el objetivo de recuperar lo antes posible la posesión de su vivienda o local”.
Los legítimos propietarios que vean lesionados sus derechos podrán acudir al Centro Cívico Distrito Centro (Plaza del Pueblo, 1) o llamar gratuitamente al teléfono 900 10 10 29, y recibirán de la Policía Local y de Servicios Sociales asesoramiento legal para el procedimiento judicial, apoyo psicológico, orientación sobre medidas de prevención y un servicio rápido de mediación para poner fin a la ocupación delictiva.