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Una sentencia dictada por el juez del Juzgado de lo Mercantil número 6 señala como causante de la situación de insolvencia de EMGIASA (Empresa Municipal de Gestión Inmobiliaria de Alcorcón) a la alcaldesa de Alcorcón, Natalia de Andrés, en su calidad de administradora y afectada por la calificación, así como a otros ocho miembros del Consejo de Administración, pertenecientes al PSOE e IU. En el procedimiento mercantil del concurso de acreedores se ha dictado sentencia de calificación correspondiente a una fase del concurso, que se inició en 2015, con los informes que se sustanciaron en juicio en julio de 2018.

Mediante este auto, al que hemos podido tener acceso desde Soy-de, la primera edil ha sido condenada a cinco años de inhabilitación para administrar – por sí misma o dentro de órgano colegiado- bienes ajenos, representar a cualquier persona, ejercer el comercio o tener cargo o intervención administrativa o económica en compañías mercantiles o industriales de titularidad pública o privada. Esta sentencia, contra la que cabe recurso de apelación con un plazo de 20 días, afecta a varios cargos actuales de confianza del Ejecutivo Local, que en aquel momento gestionaban la empresa municipal EMGIASA, en el periodo en el que el socialista Enrique Cascallana era regidor de la ciudad (y el cual también ha sido juzgado y condenado a diez años de inhabilitación).

De este modo, el fallo hace referencia a “la pérdida de cualquier derecho que tuviera como acreedora concursal” y la obliga a la “devolución a la masa de los bienes o derechos que pudiera haber obtenido indebidamente del patrimonio del deudor”, siendo De Andrés responsable, de forma mancomunada -le corresponde un 10% del total-, de “la cobertura del déficit concursal…que será liquidado en el momento procesal oportuno”.

Las cuentas no cuadran

Desde Magistratura se exponen los motivos sobre las acciones ejecutadas por los condenados y que llevaron a una situación de insolvencia a la empresa municipal de vivienda, cuya fase de liquidación se inició en 2015. Tanto la Administración concursal como el ministerio Fiscal solicitan la calificación culpable del concurso, por estimar que los integrantes del Consejo de Administración han actuado “de modo gravemente negligente y culpable”. El juez aprecia “graves, constantes y reiteradas irregularidades contables” en el desempeño de los condenados, “al menos en tres ejercicios contables”.

El reparto de dividendos con GESMASUR, que se ha apoyado “en beneficios netos inexistentes”, se considera “indebido e irreal” y la facturación emitida por dicha entidad “no responde a la real y verdadera prestación de servicios”, conforme a lo expuesto en la sentencia, siendo el propio Ayuntamiento el único accionista de unas cuentas que arrojan 11 millones de euros de pérdidas en vez de los 19.433.382,72 reflejados como ganancias.

Mención aparte recibe el dato de que el Ayuntamiento tuvo que dedicar ente 2008 y 2012 más de 100 millones de euros a la construcción del CREAA (Centro de Creación de las Artes de Alcorcón, cuando “carecía de capacidad financiera y económica para atender regularmente los pagos y obligaciones” que era necesario abordar.

El PP exige su dimisión

El Grupo Parlamentario Popular, liderado en la Asamblea de Madrid por Ana Camíns, ha procedido a instar a Juan Lobato, representante de los socialistas en la región, a actuar ante un hecho “de tal calibre, al que se suman numerosos escándalos en el sur de la Comunidad de Madrid, y frente al cual no puede seguir guardando silencio”, pidiéndole, asimismo, explicaciones urgentes “por la magnitud de lo sucedido”.

“Es una vergüenza que con esta sentencia Natalia de Andrés continue al frente del Ayuntamiento de Alcorcón, no puede seguir ni un minuto más gestionando un municipio de más de 170.000 habitantes”, añade Camíns. Por su parte, los populares de Alcorcón piden, además de la dimisión de la regidora, la celebración de un Pleno extraordinario para rendir cuentas de la sentencia.

"Presentar unos Presupuestos para gestionar Alcorcón estando inhabilitada para gestionar bienes públicos o privados es vergonzoso", señalaba, por otro lado, Pedro Moreno, portavoz de VOX Alcorcón, en su perfil de Twitter.

La alcaldesa descarta dejar el cargo

No obstante, De Andrés declaraba ya por 2020 que no tenía ninguna intención de dimitir “aunque fuese condenada”, puesto que “por muy desfavorable que fuese la sentencia, no afectaría a la actividad política, por el carácter mercantil de la misma”. En la rueda de prensa ofrecida por el Consistorio este miércoles 26 de enero, la primera edil se ha reafirmado sus palabras, apuntando que "no se trata de una inhabilitación que afecte a mi cargo de alcaldesa ni a la situación actual del Ayuntamiento". Según ha explicado, “el juez declara culpables de la declaración de dicho concurso al Ayuntamiento de Alcorcón y a los que formábamos parte del Consejo de Administración de aquella época” y ha argumentado que “se basa en una ‘irregularidad contable relevante’ si bien es obvio que los miembros de dicho Consejo no confeccionábamos la contabilidad puesto que los políticos no podemos, ni debemos, intervenir en esas cuestiones técnicas”.

Natalia de Andrés ha remarcado que “todos los acuerdos se tomaron con informes favorables, técnicos, jurídicos y económicos, incluida la preceptiva auditoría de cuentas; en los expedientes nunca apareció ningún documento contrario a las decisiones que tomamos”. Por otro lado, se ha referido a la sentencia como "desproporcionada, sorpresiva y no ajustada a la realidad", en cuanto "los dos asuntos a los que se refiere, los dividendos y las expropiaciones, ya han sido pagadas por el Consistorio". En esta línea, ha aseverado que "no hay delito ni desvío patrimonial, y la sentencia no es firme, razón por la cual vamos a apelar".

En un documento remitido a los medios de difusión por parte de la Casa Consistorial, el cual contiene el informe que presenta la Asesoría Jurídica Municipal respecto al fallo sobre el procedimiento de concurso voluntario de acreedores de la Empresa de Gestión Inmobiliaria de Alcorcón, se comunica que "no existe inconveniente jurídico alguno que impida el normal desempeño de sus funciones por la Señora alcaldesa-presidenta" y continúa añadiendo que "la jurisdicción civil no impide acceder o mantenerse en puesto público, bien sea de carácter representativo o funcionarial".

La coalición no peligra

La alcaldesa ha finalizado concluyendo que "habrá Gobierno en Alcorcón hasta 2023, momento a partir del cual estoy convencida de que renovaremos coalición con la formación Ganar Alcorcón". Dicho partido se ha expresado en este sentido asegurando que "seguirán trabajando juntos hasta el final de legislatura por una ciudad violeta, joven y que aspira a convertirse en Capital del Reciclaje". Jesús Santos, teniente de alcalde, explicaba en su perfil de Twitter que "nadie puede negar que durante estos dos años y medio nos hemos dejado la piel para poner orden tras ocho años de ruina del Partido Popular. La sentencia que acabamos de conocer aún no es firme y juzga acciones de un Gobierno anterior a la fundación de nuestra organización política; además contempla acciones que afectan exclusivamente al ámbito mercantil, en ningún caso al ámbito político. Sabemos que la oposición política y mediática va a intentar que se rompa este Gobierno, pero continuaremos trabajando con toda nuestra fuerza para tener un Alcorcón del que nos sintamos orgullosos/as".

Santos sostiene que "la coalición es una respuesta ante las necesidades de la ciudad y sería una irresponsabilidad hipotecar el futuro de Alcorcón porque pensáramos que una crisis política pudiese darnos algún tipo de rédito. No vamos a sacrificar la mejor opción posible para transformar nuestro municipio por miedo a que nos disparen".