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Según explican desde la organización, “Alcorcón Decide es una plataforma ciudadana que nace para formar parte del movimiento que ha recorrido numerosas ciudades y barrios del Estado español desde el pasado año”. El objetivo último de la consulta, explican, es “construir un tejido fuerte que se sume al movimiento republicano y que inicie el camino hacia una democracia real”.

Ante el revuelo formado tras su anunciamiento, fuentes municipales han señalado que se trata “de una consulta popular y no un referéndum” que realiza un colectivo social, por lo que desde el consistorio no se opondrán a su celebración.

Miembros de la Oposición no han pasado la oportunidad de mostrar su contrariedad ante la consulta. En esta línea, el grupo municipal Vox Alcorcón ha solicitado a través de un escrito a la líder del Ejecutivo local, Natalia de Andrés, que tome las medidas necesarias para “evitar que se celebre una consulta ilegal sobre el modelo del Estado”. En el escrito, registrado en el ayuntamiento, insta a la regidora a que, en virtud del grave peligro que supone y en defensa de los vecinos, declare “ilegal” la citada consulta y “se prohíba y se tomen las medidas legales, de seguridad y policiales pertinentes para impedirla”.

De esta forma Vox se suma a los requerimientos de los populares, que también exigieron a la alcaldesa impedir esta consulta “no autorizando la solicitud de ocupación” puesto que, en sus propias palabras, esta “incumple no solo la Carta Magna, sino también la Ley Orgánica de Modalidades de Referéndum y la Ley de Bases de Régimen Local”.