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El 8 de abril de 2022 se aprueba en las Cortes Generales la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular, con los votos en contra de VOX, la abstención del PP y los votos a favor del PSOE y Podemos, y, esta ley entra en vigor tras su publicación el 10 de abril de 2022.

Esta ley trata de incorporar a nuestro ordenamiento jurídico la Directiva Europea (UE) 2018/851, aprobada en 2018 que tiene por objeto dar cumplimiento a los Objetivos de Desarrollo Sostenible 12, 13 y 14 de la Agenda 2030. Esta directiva fue aprobada con los votos a favor de los grupos socialista y popular.

Cabe destacar que la Ley 7/2022, de 8 de abril, establece un “plazo de tres años a contar desde la entrada en vigor de esta ley”, y la misma se publicó en el BOE el 9 de abril de 2022 y entró en vigor al día siguiente. Esto hace que para el cumplimento de la ley, las entidades locales tengan que aprobar una tasa, en el sentido que establece la ley, antes del 10 de abril de 2025. Si se aprobara en esta fecha, entraría en vigor en enero de 2026. Aprobándose ahora, como pretende hacer el Ayuntamiento de Alcorcón, entra en vigor en 2025 con lo que se “gana” un año de recaudación. Algo que es, por definición, confiscatorio.

Además, el artículo 11.5 de la citada ley establece “Las entidades locales deberán comunicar estas tasas, así como los cálculos utilizados para su confección, a las autoridades competentes de las comunidades autónomas”. Todo esto contradice el artículo 106 de Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, donde se establece la autonomía de las entidades locales para establecer y exigir tributos, y el artículo 140 de la Constitución Española, que sostiene la autonomía de los municipios en cuanto a su gobierno, administración y gestión.

Vemos como, una vez más, las disposiciones provenientes de Bruselas, al amparo de la Agenda 2030, tienen una nefasta incidencia en nuestro ordenamiento jurídico y una incidencia en el bolsillo de todos los españoles. Además, suponen una injerencia en la independencia y autonomía de las entidades locales, en este caso en materia de tasas e impuestos.

Como la gestión y tratamiento de residuos están dentro de las competencias propias de las entidades locales, debemos entender que estos servicios deben ser sufragados por los ingresos ordinarios. Esta financiación ordinaria consiste en las transferencias tanto del Estado como de la comunidad autónoma, así como la recaudación de los impuestos y tributos que establece la ley. No entra en esta definición una tasa diferenciada, especifica y no deficitaria tal y como establece la Ley 7/2022, de 8 de abril, para una economía circular.

El equipo de gobierno debe agotar los plazos que marca la Ley para la entrada en vigor de la tasa de basuras y después debe buscar, en beneficio de todos los ciudadanos, la forma de compensar el importe de dicha tasa, mediante bonificaciones o exenciones fiscales en otros conceptos.

“Al gobierno tripartito de socialistas y extrema izquierda le encanta meter la mano en el bolsillo del vecino. A esto hay que añadir que, con el apoyo del PP, crean un impuesto nuevo como es la tasa de basuras. Castigan el bolsillo de los vecinos para mantener sus chiringuitos. Desde Vox Alcorcón hemos mantenido siempre que el dinero de los vecinos donde mejor está es en sus bolsillos, y cuando lleguemos al gobierno bajaremos los impuestos eliminando los innecesarios y confiscatorios”, concluye Pedro Moreno, portavoz de Vox en Alcorcón.