El Plan Permuta vuelve a copar los titulares. La alcaldesa de Alcorcón, Natalia de Andrés, ha anunciado que el ayuntamiento propondrá a la administración concursal de la Empresa Municipal de Gestión Inmobiliaria la adquisición de 63 de las 78 viviendas insertas en el ya más que sonado Plan Permuta. Esta medida, cuyo coste estimado rondaría los 8 millones de euros -aunque se prevé llegar a acuerdos con entidades bancarias con el fin de renegociar quitas-, se toma después de que el juez concursal de Emgiasa, propietaria de las viviendas, haya accedido a la petición del consistorio de hacerse cargo de las mismas con el propósito de no obligar a -casi- 90 familias a “dejar sus casas adaptadas”.
Según ha explicado la alcaldesa, al final han sido 17 los beneficiarios que han optado por adquirir en titularidad las viviendas, mientras que los otros 63 inmuebles serán adquiridos por el consistorio para destinarlos a un uso social. “Ahora que ya sabemos cuántas personas van a comprar la vivienda y cuantas no, ya podemos concretar al juzgado la modificación del Plan de Liquidación que planteamos en su momento en el Pleno”, ha añadido la regidora socialista, quien ha avanzado que el asunto se trasladará al salón de Plenos. De Andrés ha puntualizado que la formalización de todos los contratos de compraventa “no va a ser inmediato”, ya que “hay que hacer 63 compras individualizadas” y “cada una de las viviendas tiene una hipoteca, con un banco y una situación determinada”.
En cuanto al coste que va a suponer para las arcas municipales, la alcaldesa ha avanzado que la adquisición de las 63 viviendas puede elevarse hasta los 8 millones de euros. “Esto es una magnífica noticia porque no solo solucionamos el problema de los usuarios del plan Permuta, sino que vamos a generar una bolsa pública de 63 viviendas para atender demandas sociales en el municipio de Alcorcón”, ha subrayado la líder del Ejecutivo local.
Ahora que ya sabemos cuántas personas van a comprar la vivienda y cuantas no, ya podemos concretar al juzgado la modificación del Plan de Liquidación
La “pesadilla” de 90 familias se remonta 8 años en el tiempo, hasta 2011. El plan fue impulsado por Emgiasa al levantar alrededor de 7.000 viviendas en el Ensanche Sur, un barrio de nueva construcción junto a la M-50. Por aquel entonces la ley obligaba a reservar parte de los inmuebles a personas con problemas de movilidad; el problema se materializó cuando al final de la promoción sobraron casas, por lo que los responsables de la entidad decidieron arrancar con el Plan Permuta. Este se fundamentaba en que las personas mayores de 70 años o que padecieran problemas de movilidad cedieran sus viviendas ubicadas en el centro de la localidad para que fueran alquiladas. El objetivo residía en que se destinaran a jóvenes de hasta 30 años y que no tuvieran una renta especialmente alta; por el contrario, los beneficiarios recibirían a cambio un piso adaptado.
Sin embargo, la actual administración concursal de Emgiasa -está en concurso de acreedores desde hace unos años- les reclamó en verano la devolución de los pisos adaptados, de los que es propietaria, después de que un auto del Juzgado de lo Mercantil número 6 acordase hacer una modificación puntual del plan de liquidación "para proceder a la venta de los inmuebles sujetos al denominado Plan Permuta". Desde la administración concursal se les daba dos opciones a los beneficiarios del Plan Permuta: adquirir la propiedad de la vivienda de protección pública donde viven actualmente o regresar al antiguo piso en propiedad, ambas con una compensación económica por la pérdida del derecho vitalicio sobre la vivienda.