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El consistorio alfarero capitaneado por la socialista Natalia de Andrés saca la artillería pesada. Si la última sesión plenaria concluía con la bancada de la Oposición desierta, la reunión de hoy no será menos. El Ayuntamiento de Alcorcón estudia emprender acciones legales contra el anterior Ejecutivo liderado por el Partido Popular bajo la batuta de David Pérez. ¿El motivo? Haber permitido que el servicio de cafetería y comedor del centro de mayores Salvador Allende funcionara alrededor de un año y medio sin concesión alguna, además de haber contado con informes negativos de los técnicos de Sanidad.

Así se desprende de las declaraciones facilitadas por la alcaldesa al avanzar que la Junta de Gobierno local ha dado luz verde a las bases para una nueva adjudicación del servicio que fue clausurado debido a que la entidad no tenía “ningún soporte jurídico” que le permitiera explotar el local, prestándose “al margen de la legalidad y sin abonar el canon correspondiente”. La mandataria local ha explicado que, tras la luz arrojada por el expediente aclaratorio y su finalización, se ha procedido a la apertura de un nuevo proceso de adjudicación.

¿Reprobación popular?

En virtud del expediente aclaratorio y con el mismo como respaldo, De Andrés ha manifestado poder “reclamar los daños y perjuicios causados al ayuntamiento”. Como consecuencia, aseveraba la mandataria local, “propondremos al Pleno la reprobación de Susana Mozo que en su momento era concejal de Mayores”, acusándola de “dejación de funciones” al permitir, bajo su responsabilidad, estas irregularidades.

“Nos reservamos el derecho del inicio de acciones civiles o penales que pudieran ejercerse de existir responsabilidad patrimonial”, ha insistido la alcaldesa, que lamenta “el daño y perjuicio” ocasionados al ayuntamiento en este asunto.