El portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea de Madrid, Pedro Muñoz Abrines, ha señalado este lunes a las puertas del Ayuntamiento de Alcorcón que si el actual secretario regional del PSOE, Juan Lobato, “quiere dar una imagen de ejemplaridad, tiene que tomar decisiones y forzar la dimisión de la alcaldesa Natalia de Andrés" -actual regidora de nuestro municipio-.
Minutos antes de que diera comienzo el Pleno extraordinario del Ayuntamiento de la localidad, convocado tras la sentencia judicial que inhabilita para gestionar bienes públicos y privados a la socialista Natalia de Andrés, el portavoz adjunto del GPP ha pedido que “se de un ejemplo de moralidad y ética” por parte del Partido Socialista y que la alcaldesa alcorconera dimita.
El portavoz adjunto del GPP ha pedido que “se de un ejemplo de moralidad y ética” por parte del Partido Socialista y que la alcaldesa alcorconera dimita.
El popular ha señalado que Lobato, “si de verdad quiere dar una imagen de ejemplaridad, tiene que tomar decisiones y forzar la dimisión de Natalia de Andrés”, ya que “la sentencia es clarísima: las inhabilitación es para gestionar bienes públicos y los bienes del Ayuntamiento de Alcorcón lo son, por lo que no puede gestionarlos ni puede firmar por ellos”.
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“Es incomprensible que alguien pueda ejercer como alcaldesa sin la capacidad de tomar decisiones ni firmar, estaría cobrando sin hacer absolutamente nada”, ha afeado Muñoz Abrines, quien ha estado acompañado de otros miembros del GPP en su apoyo a los compañeros populares de la localidad y, en especial, a la portavoz del partido en nuestra ciudad, Ana Gómez. Ésta, por su parte, ha subrayado que "es terrible que a partir de hoy sigamos con una alcaldesa inhabilitada que se ha negado a dimitir; si la sentencia fuera firme estaría obligada a irse, pero continua gestionando la ciudad. Ha quedado acreditado en una sentencia muy dura, de 58 hojas, que esta alcaldesa no sabe estar al mando de Alcorcón ni su dinero público". En esta línea, ha concluido diciendo que "hundió la empresa municipal de la vivienda, y es lamentable que desde este momento pueda gestionar el dinero de los impuestos de los vecinos, más de 180 millones de euros que los ciudadanos pagan en tributos como el IBI o el Impuesto de Circulación".
"¿Os imagináis a un médico inhabilitado operando a un paciente, vosotros lo permitiríais? Nadie en su sano juicio podría aceptarlo, y esto es igual; menos aún cuando su socio de gobierno, que sigue apoyándola, también está condenado por el Tribunal Supremo, con motivo de una huelga abusiva de basuras en 2014. Un municipio de 180.000 habitantes es rehén de dos personas condenadas por la Justicia", ha finalizado Gómez.