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FAMMA denuncia incumplimiento de contratos y falta de información en materia de accesibilidad
Aseguran que el Consistorio discrimina a las personas con discapacidad
Alcorcón |

La Federación de Asociaciones de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de la Comunidad de Madrid, (FAMMA Cocemfe Madrid) denuncia "la falta de compromiso por parte del Ayuntamiento de Alcorcón por no contar con planes de accesibilidad, no trasladar información sobre las partidas presupuestarias que este municipio destina para la eliminación de barreras y el incumplimiento en la licitación de contratos, como el contrato recién licitado para la adquisición de contenedores de basura por un importe de 4.300.000 € sin que se exija el cumplimiento de la accesibilidad a los proveedores que concursaron al mismo".

Los servicios jurídicos de la Federación consideran que, el hecho que una administración realice un contrato de suministros, "discriminando su uso a las personas con discapacidad, debido a que no cumple con las medidas de accesibilidad universal", podría suponer la declaración del contrato como nulo por incumplimiento del artículo 47 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Tras recibir múltiples denuncias de ciudadanos con discapacidad del municipio, FAMMA señala en su comunicado que el presidente de la Federación contactó con la alcaldesa de Alcorcón, Natalia de Andrés, para preguntarle por las intervenciones, planes de accesibilidad y presupuestos que destinaba al año para eliminación de barreras. La alcaldesa, señalan, "simplemente se limitó a decir que 'somos muy sensibles a esta temática' sin más información al respecto", lo que ha supuesto un “portazo” a la línea de colaboración institucional que hasta la fecha se llevaba a cabo con el municipio.

Los servicios jurídicos de la Federación consideran que, el hecho que una administración realice un contrato de suministros, "discriminando su uso a las personas con discapacidad, debido a que no cumple con las medidas de accesibilidad universal", podría suponer la declaración del contrato como nulo por incumplimiento del artículo 47 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Desde este comunicado, la Federación se vuelve a poner a disposición del Ayuntamiento para orientarles y asesorarles en lo que deben hacer y con lo que deben cumplir, en materia de eliminación de barreras, "para que no sigan incumpliendo la normativa vigente a este respecto". Actualmente, tras un estudio del entorno realizado por parte Gabinete de Accesibilidad de la entidad, se ha observado "que la mayor parte de los contenedores incumplen la normativa. No se respeta las medidas establecidas (una boca de carga en el lateral que alcancen como máximo el metro de altura, con un diámetro de 0,90cm) y se encuentran en plataformas con escalón, impidiendo que resulten accesibles para las personas con movilidad reducida", matizan.

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Según datos estadísticos de la Comunidad de Madrid, en nuestro municipio hay un total de 4.848 personas con discapacidad física. En interés de representar a todas ellas frente a las barreras que existen a día de hoy en el distrito, la Federación ha vuelto a ponerse en contacto en varias ocasiones con el Ayuntamiento para ofrecer un asesoramiento y colaboración a la hora de trabajar en este sentido, "no obteniendo una respuesta precisa que ofrezca una solución real a esta problemática".

"Sin la ocupación del gobierno local, sobre estos problemas que padecen miles personas con discapacidad física en el municipio, también aquellas con algún tipo de movilidad reducida, como pueden ser las personas mayores u otras que padezcan una situación con problemas de movilidad temporal, se estará discriminando a una parte importante de la población, que debería replantear el significado de su voto en las próximas elecciones municipales", lamentan.

Para la Federación, aún continúan existiendo múltiples barreras que dificultan la realización de las actividades de la vida diaria y el acceso a bienes y servicios de uso público.