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La Federación de Asociaciones de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de la Comunidad de Madrid (FAMMA Cocemfe Madrid) ha denunciado la existencia de "agresiones físicas a personas con discapacidad" en la empresa pública ESMASA. Javier Font, presidente de la entidad, ha explicado a Televisión Digital de Madrid que el pasado 21 de septiembre "un trabajador, que tiene reconocida una incapacidad permanente por su estado de salud, fue atacado por un superior, concretamente un subencargado, cuando fue a la oficina a recoger sus pertenencias", ocasionando "un perjuicio material y físico que quedó acreditado por un informe de alta de urgencias y su parte de lesiones correspondiente".

La Federación pide a la alcaldesa de Alcorcón, Natalia de Andrés, y al presidente de ESMASA, Jesús Santos, que se investiguen los hechos, "porque ya son muchas las situaciones que se repiten en este sentido". De igual modo, exigen la implantación de una serie de protocolos "encaminados a detectar y analizar qué ha ocurrido para poder tomar medidas y que no se repita", así como "a sancionar a los responsables". En relación a este aspecto, sostiene que "la alcaldesa no es muy de contestar, si no más bien de mirar para otro lado, y Jesús Santos tampoco responde, algo a lo que estamos acostumbrados, pero deberían prestar atención a estas circunstancias si de verdad les importan las personas con discapacidad", y añade que "vamos a trabajar con los distintos grupos políticos del municipio, para que ellos pidan esa Comisión de investigación y conseguir por el pleno lo que no logramos por la vía normalizada".

Jesús Santos, en una entrevista concedida a Televisión Digital de Madrid, ha apuntado a que "ESMASA "no va a tolerar enfrentamientos de este tipo, y actuará con contundencia", por lo que "se ha abierto un expediente disciplinario atendiendo a la denuncia". Santos ha recalcado, en esta línea, que "ESMASA tiene 600 trabajadores, y puede haber problemas como en cualquier otra empresa, pero son episodios muy puntuales, no es el día a día". Fuentes municipales aseguraban a este medio, de igual modo, que "se están investigando los hechos para tomar las medidas pertinentes". Del mismo modo, han querido aclarar que los servicios laborales de la empresa "acreditan que se trataba de un trabajador en activo hasta ahora, en ningún caso consta como un trabajador con discapacidad; diferentes son las cuestiones médicas que por responsabilidad, imperativo legal y respeto a la privacidad del trabajador, no corresponde a la empresa pública revelar". Por último, han querido destacar que "la conflictividad laboral ha caído un 96% desde 2019, momento del cambio de dirección".

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