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El suroeste de la región ha visto desfilar a varias alcaldesas de sus municipios en los Tribunales durante el último año. Fue el caso también de Natalia De Andrés, regidora de Alcorcón, cuya gestión, en la que destacan logros como el Premio Internacional Escoba de Oro o un sistema de tráfico inteligente, queda deslucida por su condena -apelable- a cinco años de inhabilitación para (entre otros) administrar bienes ajenos, como consecuencia la situación de insolvencia de la Empresa Municipal de Vivienda.

Una de las quejas más recientes ha tenido lugar por parte FAMMA, que lamenta que El Ayuntamiento “haya decidido no ofertar nuevos puestos de trabajo para personas con discapacidad, alegando que el Consistorio ya supera la cuota en este sentido”. El PP asegura que “la ley no impone máximos”. Una denuncia que se suma a la que hiciera el sindicato CSIF el pasado mes de julio ante los Tribunales, asegurando que tres trabajadoras con discapacidad de la empresa municipal ESMASA habían sido despedidas tras declararlas “no aptas para el puesto que desempeñaban”, e indicando que, en este sentido, “existen varias sentencias por despido improcedente de diversas empleadas”.

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Diana Fuertes, portavoz de Ciudadanos, sostiene, en relación a las necesidades más inmediatas de la ciudad que aún quedan por cubrir, que “en general, hay una falta de gestión racional y adaptada a los tiempos que corren en todos los aspectos, empezando por el modelo de ciudad, con herramientas obsoletas para llevarlo a cabo”; en esta línea, explica que “el PGOU (Plan General de ordenación Urbana) no nos permite que Alcorcón se desarrolle como necesita”.

Al mismo tiempo, añade que hace falta “un mantenimiento adecuado, así como medidas de impulso económico para nuestro comercio de proximidad, que bien podrían llevarse a cabo a través de bonos de consumo en comercio local o la puesta en marcha de iniciativas Marketplace”. Fuertes hace referencia también a más ayudas en materia de vivienda “con alquileres económicos, para que los jóvenes tengan una oportunidad real de acceder a una casa”, a las familias “especialmente ahora, en el inicio del curso escolar”. Por otra parte, asegura que otro de los deberes del gobierno municipal es “atraer la inversión; nuestros polígonos no son atractivos para las empresas”. Por último, toca el tema de la seguridad, que “se está viendo afectada por falta de efectivos y por no convocar las plazas necesarias para una gran ciudad”.

Los Populares también tocan este asunto. David Pérez, ex primer edil de la localdidad y actual consejero de Transportes, se hacía eco de que, según los datos publicados por el Balance de Criminalidad del Ministerio del Interior, en Alcorcón han aumentado un 25,6% las infracciones penales -por encima de la media regional-, siendo los delitos contra la libertad e indemnidad sexual los que más han crecido en la ciudad.

Algo que se ha criticado en innumerables ocasiones por parte de VOX durante el último año es “el incumplimiento de 25 de los 36 puntos del acuerdo de legislatura entre el PSOE y Ganar Alcorcón”. El partido liderado por Pedro Moreno también hace hincapié en el asunto de la discapacidad, exponiendo que “no se han eliminado barreras arquitectónicas en edificios públicos”, y que “se han echado para atrás todas las mociones que nosotros hemos presentado sobre este ámbito”. La formación considera necesaria una bajada de impuestos y mayor inversión -algo que comparte con otros partidos de la oposición-, en vías públicas e infraestructuras, parques y jardines, polígonos industriales y ayudas para empresas, emprendedores, autónomos y pymes.