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El Ayuntamiento de Arganda del Rey, a través de su alcalde, Alberto Escribano, se ha puesto en contacto con el Ministerio de Igualdad que dirige Ana Redondo en busca de una solución a los problemas de convivencia que la Ley 4/2023 de 28 de febrero, la conocida como Ley Trans, está generando en el municipio.

“Ante los hechos que se están produciendo en Arganda, y que atentan directamente contra los derechos de las mujeres de la ciudad y los trabajadores municipales, exigimos a la señora ministra las herramientas necesarias para dar respuesta a todos estos problemas de convivencia que su Ley Trans está provocando en la ciudad”, asevera Alberto Escribano, alcalde de Arganda.

Y es que, tal y como se le ha comunicado a la ministra de Igualdad, “en los últimos meses venimos observando en nuestra ciudad cómo diferentes personas, tras cursar los trámites necesarios para llevar a cabo la “rectificación de la mención registral del sexo” de masculino a femenino, en base a la Ley 4/2023, de 28 de febrero, aprobada por su Gobierno, han ejercido el derecho, otorgado por su Ley, de entrar en el vestuario femenino de las instalaciones deportivas municipales en lugar de en el masculino, como lo venían haciendo. Este hecho está provocando que muchas mujeres hayan manifestado, ante este Ayuntamiento, sus quejas y su preocupación por considerar que se está vulnerando su privacidad”.

Una situación que también “pone en riesgo a los trabajadores municipales, que se declaran indefensos al considerar que no existen herramientas legales para actuar ante tal circunstancia”, continúa la carta. Y es que, la Ley 4/2023, de 28 de febrero, en su artículo 44, en el punto tercero, señala que “el ejercicio del derecho a la rectificación registral de la mención relativa al sexo en ningún caso podrá estar condicionado a la previa exhibición de informe médico o psicológico relativo a la disconformidad con el sexo mencionado en la inscripción de nacimiento, ni a la previa modificación de la apariencia o función corporal de la persona a través de procedimientos médicos, quirúrgicos o de otra índole”, otorgando todos los derechos a la autodeterminación e impidiendo, como le señalaba, cualquier posibilidad de detectar el posible fraude.

Por estos motivos y “con la intención de garantizar los derechos de todos los vecinos de Arganda y de los trabajadores municipales”, continúa, “solicitamos al ministerio de Igualdad nos indique el procedimiento a seguir para actuar ante la citada situación y posibles futuras ocasiones en que se produzcan hechos similares como el relatado”.