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La plataforma STOP Desahucios Móstoles denuncia que la Agencia de Vivienda Social de la CAM y el Ayuntamiento de Arroyomolinos han dejado en situación de desamparo a una familia con dos menores de uno y cinco años.

El pasado 1 de julio se produjo el primer intento de desalojo que fue paralizado gracias a la intervención de la PAH y el apoyo vecinal. El desalojo se aplazó 8 días, por lo que el pasado 9 de julio a las 10:30 horas, la Comunidad de Madrid ha vuelto a intentar desalojar a esta madre y sus dos hijos de la vivienda. Esta vez ni la plataforma de STOP Desahucios de Móstoles ni los vecinos han podido evitar el desalojo.

Durante los ocho días conseguidos, el Comité DESC de las Naciones Unidas ha solicitado la suspensión del desalojo como medida cautelar. Esta solicitud ha llegado al Juzgado y a la AVS de la Comunidad de Madrid, pero se han negado a la paralización del desahucio. Según denuncian desde la plataforma, “Estos se niegan a paralizar el lanzamiento fijado para el próximo 9 de julio pasando por alto la solicitud de las Naciones Unidas violando los Derechos Humanos de Rhimo (la madre) y sus dos pequeños”.

Dada la situación familiar, la plataforma pide una solución alternativa de vivienda adecuada para esta familia. Además, comenzarán una campaña de denuncias a la Comunidad de Madrid como al Ayuntamiento de Arroyomolinos por vulnerar los Derechos Humanos denunciados por el Comité DESC de Naciones Unidas.

Según recoge Efe, fuentes municipales señalaban que “desde los Servicios Sociales se le ha llegado a ofrecer a esta mujer hasta ocho alternativas habitacionales diferentes, la última de ellas el domingo pasado, cuando se le ofreció una plaza gratuita en una casa materna, para cuatro meses, que la mujer rechazó”.

Fuentes del Consistorio han asegurado que la mujer ha contado con apoyo psicológico y valoración profesional de su situación, y la de sus hijos, que han recibido ayudas a la emergencia social en los últimos meses y que, durante la pandemia, también ha recibido ayudas extraordinarias y apoyo para la maternidad.

Según han comentado estas fuentes a Efe, “se trata de una vivienda pública que estaba okupada de manera ilegal desde 2016 y que debería estar disponible para las familias en situación de vulnerabilidad que corresponda”. Y se insta a la mujer a “solicitar una vivienda social, en igualdad de condiciones, junto al resto de solicitantes”.