La Comunidad de Madrid ha iniciado el pasado mes la construcción en Boadilla del Monte de una nueva promoción de 524 viviendas pertenecientes al Plan Vive para alquiler asequible, ubicados en la calle Fray Bartolomé de las Casas del municipio. Estos inmuebles, con un precio hasta un 40% más bajo que el de mercado, estarán finalizados en 2026 y se distribuyen en 109 de tres dormitorios, 246 de dos y 169 de uno.
El consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras, Jorge Rodrigo, ha visitado la parcela para conocer el proyecto y la tipología de estos hogares que, además, se van a edificar dentro de una urbanización cerrada que contará con zonas ajardinadas, gimnasio, pista polideportiva, piscina, garaje y trastero.
Rodrigo ha querido destacar, igualmente, que se trata de pisos construidos con altos estándares de sostenibilidad y siguiendo el sistema de edificación industrializada, que reduce notablemente los plazos de ejecución y contribuye a crear residencias energéticamente más eficientes.
El Ejecutivo autonómico ha apostado por esta técnica constructiva y por la colaboración público-privada para implantar un modelo con el que aumentar la oferta en alquiler en la región y que están implantando otras administraciones dentro y fuera de España.
De esta forma, gracias al Plan Vive va a poner a disposición de los ciudadanos casi 8.500 hogares, de los que 274 ya han sido entregados en Alcorcón. De los restantes, más de 4.000 finalizarán este año su edificación y cerca de 2.200 se encuentran actualmente en fase de comercialización en las localidades de Alcalá de Henares, Getafe, San Sebastián de los Reyes, Torrejón de Ardoz, Tres Cantos y la ciudad alcorconera.
Finalmente, el consejero ha recordado que la Comunidad de Madrid ha puesto en marcha un Plan de Choque con 10 nuevas medidas para seguir movilizando todos los recursos a su alcance con el fin de incrementar la oferta de pisos en la región.
El principal requisito para poder optar a estas viviendas es que la persona solicitante la destine a residencia habitual y, además, no tenga ninguna otra propiedad a su nombre en todo el territorio nacional. Igualmente, ha de ser mayor de edad y tener la nacionalidad española, teniendo prioridad los empadronados en el municipio donde estén ubicadas las casas y los que tengan su puesto de trabajo en la localidad desde hace al menos tres años.
Otro aspecto importante es el límite de gasto ya que no se puede destinar más del 35% de los ingresos netos anuales de la unidad de convivencia al pago de la renta total por año.