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En enero de 2009, Ana Garrido Ramos denunció irregularidades en el Ayuntamiento de Boadilla del Monte sin saber que esa denuncia formaría parte de la investigación del llamado “caso Gürtel”, una de las mayores tramas de corrupción política de nuestro país.

Enfrentarse a un Ayuntamiento gobernado por el mismo partido desde hace décadas exigía coraje, pero Ana Garrido nunca fue capaz de prever las consecuencias que conllevaría la denuncia, de lo que entonces suponía afectaba únicamente a los vecinos de Boadilla.

A raíz de su denuncia, Ana Garrido no sólo sufrió depresión y temió por su integridad física, también fue sometida a un calvario judicial sufragado, para vergüenza de muchos vecinos del municipio, con los recursos del propio Ayuntamiento.

Si algo reconoce la directiva europea 2019/1937, cuya transposición se debería llevar a cabo por el Gobierno de España antes del 17 de diciembre, y que obligará a implementar canales de denuncia en todos los Ayuntamientos de más de 10.000 habitantes, es el temor de los denunciantes a las represalias y en Boadilla del Monte, nadie mejor que Ana Garrido, ejemplifica esa realidad.

Ana Garrido ha sido, sin lugar a dudas, una ciudadana ejemplar, galardonada por su defensa del Estado de derecho en 2015 y Premio Internacional contra la corrupción en 2018. Sin embargo, en Boadilla del Monte, el equipo de gobierno sigue sin reconocer su labor.

Le pido al PP que, esta vez sí, esté a la altura y se posicione del lado de la sensatez y el bien común de los vecinos