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El 30 de diciembre de 2021 se publicó en el Boletín Oficial del Estado, la Resolución de la Secretaría de Estado de Derechos Sociales del Gobierno de España, sobre criterios comunes de acreditación para garantizar la calidad de los centros y servicios del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia. Un total de 9,109.048 millones de euros de incremento es la aportación del Estado destinada a la mejora de los convenios de colaboración con los Ayuntamientos y Mancomunidades para el desarrollo de la Atención Social Primaria y otros programas dirigidos a los vecinos, entre ellos la coordinación de proyectos para la lucha contra la pobreza infantil o el acceso de las personas más vulnerables a prestaciones y actuaciones con las que puedan mejorar su calidad de vida.

Anualmente, se han venido añadiendo Adendas de Prórroga al Convenio de Colaboración entre la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Boadilla del Monte para el Desarrollo de los Servicios Sociales desde el año 2016 hasta el año 2021. Por esto, consideramos conveniente ampliar a tres años la duración de los convenios con los Ayuntamientos y alcanzar la ratio mínima de un profesional de referencia de atención social primaria '1x3000' a través de los convenios.

Es muy grave que a mediados del mes de enero, el Gobierno Regional no haya informado a los Ayuntamiento de qué va a pasar con los convenios de servicios sociales. Éstos, son imprescindibles para la Renta Mínima de Inserción o la ayuda a domicilio para nuestros mayores. Teniendo en cuenta la importante aportación del Gobierno de España para estas prestaciones a la ciudadanía, el Partido Socialista de Boadilla del Monte lleva al Pleno de enero instar a la Comunidad de Madrid una serie de medidas para mejorar los servicios sociales.

Entre ellas, se solicita incrementar la partida presupuestaria destinada a los convenios de servicios sociales hasta atender las necesidades de la ciudadanía adecuadamente y ajustar los recursos asociados a estos convenios además de a la cantidad de población, así como a parámetros como el porcentaje en riesgo de pobreza y/o exclusión social y la renta per cápita. Además, es necesario aumentar la partida presupuestaria del programa para lucha contra la exclusión social recuperando, al menos, los niveles del Presupuesto de 2019, más allá de los fondos transferidos por el Gobierno de España.