Agentes de la Policía Nacional han detenido a catorce personas como miembros de una organización criminal dedicada a ocultar el patrimonio de empresas con dificultades económicas, antes de un concurso de acreedores, incurriendo en un delito de alzamiento de bienes y blanqueo de capitales. Los investigadores identificaron al líder de la organización, tratándose de un empresario que vivía en la localidad de Villalba (Madrid).
La red criminal operaba en España y Portugal y se dedicaba a ofrecer a empresarios un modo de ocultar el patrimonio de la empresa, antes de ejecutar el concurso de acreedores. Esta organización contaba con una página web que anunciaba sus servicios a los empresarios.
La operación se inició con la denuncia de los trabajadores de una empresa en los juzgados de Sevilla, al no recibir sus nóminas y ser despedidos antes del concurso de acreedores.
En verano del año 2020 saltan las alarmas, tras la denuncia de ochenta trabajadores de una empresa sevillana de logística y transporte en los Juzgados de Guardia en Sevilla, al ser despedidos sin haberles sido abonadas las nóminas y los finiquitos.
La sociedad, que se dedicaba a la construcción y logística, atravesaba una mala situación financiera, previa a un concurso de acreedores.
Esta sociedad contaba con un capital social de 1.600.000 de euros, y previo al concurso de acreedores fue vendida a un nuevo socio por un precio simbólico de tres euros, mientras que parte de la maquinaria y efectos de las empresas habían sido trasladados a naves industriales de otras empresas de los dueños anteriores.
El grupo de blanqueo de capitales y anticorrupción de la Jefatura Superior de Andalucía Occidental de la Policía Nacional se hizo cargo de la investigación ante la posibilidad de que se tratara de un alzamiento de bienes. Así, de las primeras investigaciones, se comprueba que el nuevo socio, un hombre de 87 años de edad, es titular de más de once sociedades.
La mayoría de estas sociedades contaban con capitales sociales elevados, pero tenían varios nexos en común, pues habían sido adquiridas por precios simbólicos, en ocasiones de un euro, y se encontraban en una difícil situación económica, aunque sin declarar el concurso de acreedores.
A los arrestados se les imputa los delitos de Pertenencia a Organización Criminal, Blanqueo de Capitales y Alzamiento de Bienes
En la investigación se identifica a un conjunto de personas que participan en el proceso de adquisición de las sociedades con roles de administradores o apoderados. El vínculo de estas personas lleva a los agentes a localizar un conjunto de oficinas en Madrid, concretamente en la localidad de Las Rozas, desde donde se organizaba todo el proceso de adquisición de las empresas.
De esta manera se conoció la existencia de un grupo criminal organizado, que mediante complejas operaciones societarias adquirían sociedades en crisis, pactando con los propietarios el reparto de bienes y efectos de las mismas, previamente a declararse en situación de concurso de acreedores, al tiempo que derivaban toda la responsabilidad mercantil a los testaferros, siendo éstas personas de difícil localización, algunas de ellas con múltiples antecedentes, que incluso habían sido identificados por dormir en vestíbulos de entidades bancarias.
Los investigadores identificaron al líder de la organización, tratándose de un empresario que vivía en la localidad de Villalba (Madrid), y que llevaba un alto nivel de vida.
En una operación ejecutada por el grupo de Blanqueo de Capitales y Anticorrupción de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Sevilla, en colaboración con otros grupos de Policía Judicial de Madrid, Sevilla, Oviedo, Jaén y Écija, y coordinados por la UDEF Central, se procedió a la detención de catorce personas y a la entrada y registro simultáneos de seis domicilios en Madrid, Sevilla, Jaén, Écija y Oviedo.
A los arrestados se les imputa los delitos de Pertenencia a Organización Criminal, Blanqueo de Capitales y Alzamiento de Bienes.
Con esta operación policial se da por desarticulado un grupo criminal que actuaba en España y Portugal con métodos jurídicos sofisticados y con absoluto desprecio a la legalidad mercantil.
Se ha procedido igualmente al bloqueo de un gran número de cuentas bancarias, bienes inmuebles y vehículos con el objetivo de cubrir la deuda impagada de esta sociedad sevillana con sus acreedores, ya que según cifras del administrador concursal designado, la sociedad posee una deuda impagada que asciende a 12 millones de euros.
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