MENÚ

Viven en Tres Cantos (5), Colmenar Viejo (1), Móstoles (1), Torrejón de Ardoz (47) y los barrios de Madrid de Carabanchel (12), Vallecas (16) y Canillejas (1), 83 familias que pese a las distancias tienen mucho en común, pues todas sus casas fueron en su momento viviendas sociales que se vendieron, de forma fraudulenta, al fondo de inversión Blackstone, que ahora gestiona su filial española Fidere.

Y todas ellas tienen en común que después de dos años de lucha titánica por fin han conseguido llegar a un acuerdo con este fondo para que se siente con ellos y ponga fin a la subida abusiva de sus alquileres de la que les informó hace ya dos años. Todo ello gracias al trabajo del Sindicato de Inquilinos de Madrid que les ayudó a presentar una demanda colectiva ante los juzgados, lo que creen que fue el punto de inflexión para que se sentasen a negociar.

"Creo que les teníamos muy señalados y esa demanda fue un punto importante porque podía llegar judicialmente a haber una sentencia que podía salirles muy mal", explica Fernando Bardera, uno de los portavoces del sindicato en declaraciones a la Cadena Ser. La lucha colectiva consiguió que el Defensor del Pueblo les diera la razón e incluso, también, el relator de la ONU contra la Extrema Pobreza y Los Derechos Humanos, que visitó en su momento a las familias de Torrejón.

Finalmente, esta lucha ha acabado con Fidere contratando a una empresa externa como mediadora que se ha sentado con todas las familias afectadas para negociar unos alquileres justos, esta vez sin cartas amenazantes ni órdenes de desahucio, para que la cantidad solo aumente con relación a la inflación.

Alquileres que aumentaban casi al doble de la cifra original

Aunque la historia de cada uno de estos inquilinos es diferente, todas tienen puntos en común, pues al comienzo de sus contratos de alquiler, como alquileres sociales, la cantidad mensual no sobrepasaba los 610 o 750 euros. No obstante, tras la venta de estas viviendas al fondo Blackstone, a cada uno de ellos les empezaron a llegar cartas que les avisaban de que sus alquileres iban a pasar a ser de casi el doble, unos 1.200 euros al mes.

Aquellos que se negaban a pagar, entonces recibían otra misiva que les avisaba de que iban a ser desahuciados en los próximos meses, una amenaza que fue paralizada gracias a la demanda colectiva, pues el juzgado decidió tomarla como medida preventiva hasta que se consiguiese resolver el conflicto, que finalmente se ha solucionado con un acuerdo extrajudicial.