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Ganemos Colmenar ha analizado el contrato y empresas que optaron a la realización del estudio sobre la implantación de Zona de Bajas Emisiones en el Municipio. Denuncia que el objeto social, tanto de la compañía elegida como el resto de empresas presentadas no tienen ninguna relación con los trabajos requeridos por el Ayuntamiento.

En la nota de prensa Ganemos explica:

"En la documentación del Pleno del mes de mayo Ganemos Colmenar tuvo acceso a un decreto sobre la contratación del “Servicio realización de un estudio de necesidades para la implantación de Zona de Bajas Emisiones”, por valor de 12.000€+IVA, un total de 14.400€. La primera impresión no era negativa, ya que desde hace tiempo el Ayuntamiento de Colmenar Viejo es consciente de que debe aprobarse una Zona de Bajas Emisiones antes de que termine 2022, y se puede entender que se deba analizar y estudiar cómo llevar a cabo esta medida en Colmenar.

Pero la cosa no encaja como debería: la empresa (Global Arrakis SLU) que obtiene el contrato para hacer este estudio para implantar una Zona de Bajas Emisiones es una empresa cuyo objeto social es:

1. La adquisición, administración y gestión de patrimonio mobiliario, cartera de valores e inversiones, todo ello por cuenta propia. Este objeto social no podrá ser desarrollado cuando incida en la legislación de inversiones colectivas. 2. Servicios sociales, cuidado de niños y ancianos y la atención.

Sin embargo, en el Decreto de Alcaldía se dice expresamente que “Visto presupuesto de empresa especializada que consta en el expediente, habiéndose elegido por razones de especialidad, como consta en la propuesta…”. Y, conocido el objeto social de la empresa, no se comprende que se diga que es una empresa especializada".

Ganemos Colmenar solicitó el expediente completo de este contrato y aclaran:

"Lejos de resolverse las dudas, se han multiplicado, dado que las otras 2 a las que se solicita por el Ayuntamiento que presenten un presupuesto tampoco se dedican ni a la movilidad, ni al estudio del tráfico, ni a temas que puedan mínimamente estar relacionados con el encargo recibido de realizar un estudio sobre la implantación de la Zona de Bajas Emisiones en Colmenar. Una de las empresas a las que se solicita un presupuesto (Planifical Servicios 21 SL) se dedica al sector inmobiliario, como así recoge su objeto social: “La compraventa e intermediación de toda clase de fincas rusticas y urbanas, la promoción y construcción sobre las mismas de, toda clase de edificaciones, su rehabilitación, venta o arrendamiento no financiero.” La otra empresa a la que se le pide un presupuesto (Hisvima Empresarial SL), por su parte, se dedica al sector de la encuadernación y de la edición, siendo su objeto social: “La composición, impresión y reproducción de textos o imágenes por cualquier procedimiento o sistema; la edición de encuadernación, la edición musical impresa o manuscrita”.

La formación de izquierdas continúa detallando:

"Las sorpresas no acaban aquí: siendo un tema que compete directamente con la concejalía de Seguridad Ciudadana y Movilidad, el responsable del contrato es el propio Alcalde de Colmenar, Jorge García Díaz.

Por otro lado, a pesar de que a partir del 1 de enero de 2023, por ser municipio de más de 50.000 habitantes, nuestro Ayuntamiento está obligado por ley a haberla puesto en marcha, es público y notorio el rechazo del Alcalde de Colmenar Viejo a implantar una Zona de Bajas Emisiones, ya que defiende que en Colmenar no existe contaminación (sin aportar ni un sólo dato que lo acredite), pero es muy preocupante que se encargue a empresas que se dedican al sector inmobiliario, a la gestión del patrimonio o a la encuadernación un estudio que deben hacerlo expertos en movilidad. Este contrato y su expediente demuestra, como mínimo, una evidente incompetencia del Alcalde de Colmenar y un nulo compromiso con la salud de su población, así como con el medio ambiente".

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