El Consejo de Gobierno en funciones de la Comunidad de Madrid ha aprobado esta semana una inversión de 5,4 millones de euros en la licitación o prórroga de contratos de gestión de recursos que ofrecen atención especializada a mujeres víctimas de violencia.
El primero de ellos es el nuevo contrato para garantizar el funcionamiento de los centros residenciales 4 y 5 para jóvenes de entre 18 y 25 años que han sufrido violencia contra la mujer y están en riesgo de exclusión social, que asciende a 1,8 millones y tendrá un plazo de ejecución de dos años.
Disponen de un total de 22 plazas y, además de proporcionar alojamiento, manutención y provisión de artículos de menaje o higiene, con gastos corrientes de aquellas que no dispongan de ningún tipo de ingreso económico, desarrollan una intervención individualizada que da apoyo para la adquisición o recuperación de habilidades sociales o personales, atención psicológica y acompañamiento en los procesos de inclusión socio-laboral.
El primero de ellos es el nuevo contrato para garantizar el funcionamiento de los centros residenciales
También se ha autorizado la celebración del contrato de gestión del segundo Centro de Crisis 24 Horas de la región, que se sumará a finales de año al que ya funciona desde enero. Este recurso está dirigido a mujeres mayores de edad que hayan sufrido agresión, abuso, acoso o cualquier tipo de violencia sexual en cualquier momento de su vida, independientemente de que hayan interpuesto denuncia o no.
La atención se extiende también a los hijos menores de edad y familiares dependientes de la usuaria, e incluirá ocho plazas residenciales, acompañamiento e información telefónica y presencial las 24 horas del día, entre otros servicios. En este caso, el importe es de 3 millones para un plazo de ejecución de dos años.
Por último, se ha prorrogado durante un año la gestión del Centro de Atención Integral a mujeres víctimas de violencia sexual de la Comunidad de Madrid, conocido como CIMASCAM, gracias a una inversión de 513.247 euros. Este recurso ofrece servicios de información y orientación, tanto telefónica como presencial, para asistir y orientar a las usuarias y, en su caso, a los familiares, sobre las consecuencias y efectos de la violencia sexual sobre la persona y su entorno.