Una mujer acude a una clínica acreditada para someterse a una interrupción voluntaria del embarazo (IVE) y, antes de enfrentarse al proceso en cuestión, debe atravesar una congregación de personas que, en las inmediaciones del centro, la hostigan con sus consignas y carteles antiabortistas. Es una escena que podemos ver en televisión en numerosas ocasiones y, casi siempre, corresponde a un episodio real y no a una ficción, pero esto podría pasar a tener importantes consecuencias.
El grupo del PSOE en el Congreso ha propuesto una modificación del Código Penal para incluir un tipo específico sobre el acoso que reciben las mujeres cuando acuden a realizarse una IVE. La propuesta socialista contempla penas de prisión de tres meses a un año o trabajos en beneficio de la comunidad durante un periodo de tiempo que puede abarcar desde los 31 a los 80 días. También podría imponerse la prohibición de acudir a determinados lugares por tiempo de seis meses a tres años.
La propuesta socialista contempla penas de prisión de tres meses a un año para quien acose a mujeres que acuden a realizar una interrupción voluntaria del embarazo a una clínica acreditada
La Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción del Embarazo (ACAI) presentó un informe elaborado en 2018 que arrojaba que, de las 300 mujeres entrevistadas, un 89% habían sufrido acoso y un 66% se habían sentido amenazadas. Así, tal como indica el PSOE en un comunicado, el registro de esta proposición llega tras “reunirse y recoger las reivindicaciones de ACAI” con el objetivo de convertir en un delito el acoso que sufren las mujeres que acuden a realizarse un aborto.
Esta proposición del Grupo Parlamentario Socialista avanza en la línea de la moción presentada recientemente en el Senado para instar al Ejecutivo a establecer zonas de seguridad alrededor de los centros sanitarios acreditados para realizar una IVE, de tal manera “que quede garantizada la intimidad de las mujeres, su libertad y seguridad física y moral”.