La DANA que azotó con especial virulencia el Suroeste de la región a principios de mes de Septiembre dejó cuantiosos daños materiales en municipios como El Álamo, Villamanta y Aldea del Fresno, destrozando numerosas viviendas e instalaciones públicas.
Ahora, según ha comunicado en nota de prensa la Confederación Hidrográfica del Tajo -organismo autónomo adscrito al Ministerio para la Transición Ecológica-, el Consejo de Ministros ha tomado razón de la declaración de emergencia de la fase 2 para la reparación de daños en el cauce e infraestructuras hidráulicas dañadas en la cuenca del Tajo, donde algunos enclaves registraron un caudal con periodo de retorno de hasta 500 años.
El presupuesto de ejecución asciende en esta ocasión a un millón de euros, financiados por la Dirección General del Agua del MITECO, que se suma al millón de euros aprobado en octubre pasado para la Fase 1 de estas actuaciones. El plazo de ejecución es de seis meses, y la cuantía que se destinará a las localidades de Aldea del Fresno y Villamanta se cifra aproximadamente en 398.000 euros.
En la fase 2 se continuará con trabajos consistentes en retirada de tapones de vegetación muerta (que puede obstruir los principales puntos de paso y acceso a núcleos urbanos) y de sedimentos en determinadas zonas que han quedado colmatadas, con el consiguiente peligro en caso de nuevas precipitaciones intensas. Además, se priorizan las actuaciones en el interior de núcleos urbanos.
La magnitud de la catástrofe justifica la tramitación de emergencia
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La CHT indica que "la magnitud de la catástrofe, así como las graves afecciones que podrían producirse en el caso de no actuar, justifican el cumplimiento de los requisitos establecidos para usar la tramitación de emergencia en el desarrollo de las actuaciones que se pretenden llevar a cabo con este proyecto". Asimismo, el organismo señala que "de acuerdo con la normativa vigente, y según el artículo 28.4 del Plan Hidrológico Nacional, las actuaciones de conservación y mantenimiento de cauces públicos en zonas urbanas corresponden a los ayuntamientos".
No obstante, la CHT otorga cada año unas 400 autorizaciones a este respecto, "denegando, motivadamente, las que implican eliminación indiscriminada de la vegetación de ribera y alteración del cauce natural del río". En paralelo, dedica una importante inversión a actuaciones de conservación y mantenimiento de cauces (5,4 millones de euros en 2022) en tramos de ríos fuera de zonas urbanas.
Por otro lado, deja constancia de que "los daños generados por este tipo de episodios están muy vinculados, en muchos casos, al desarrollo de una inadecuada ordenación del territorio, que ha conducido a la eliminación de las llanuras de inundación de los ríos y al confinamiento de los cauces de los mismos, de forma que apenas admiten las crecidas ordinarias, siendo totalmente insuficientes ante situaciones extraordinarias".