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El consejo de Gobierno ha aprobado el Proyecto de Ley Maestra de Libertad Educativa de la Comunidad de Madrid para que el texto pueda ser remitido a la Asamblea de Madrid e inicie el debate previo a su entrada en vigor.

El ejecutivo regional ha buscado "garantizar un sistema educativo acorde con la Constitución y con el ejercicio de la libertad de elección de centro escolar, recogida en su artículo 27, teniendo en cuenta la demanda de las familias y el desarrollo integral de los alumnos y, específicamente, de los que presentan necesidades educativas especiales" después de la aprobación de la Ley Celaá.

La nueva normativa que se prevé para el curso 2021/22, se va a aplicar en los centros educativos sostenidos en fondos públicos de forma que más de 1,2 millones de estudiantes se han beneficiado de ella. En la actualidad, el 54,5% de los alumnos de la región han estado escolarizaos en centros públicos, mientras que el 29,6% lo hace en concertados y el 15,9% en privados, detallan desde el Ejecutivo Regional.

Enrique Ossorio ha detallado en una rueda de prensa que los objetivos de la Ley educativa madrileña son "garantizar la igualdad de oportunidades, avalar el derecho a recibir las enseñanzas en castellano, confirmar la pluralidad de la oferta educativa y fomentar la excelencia académica, asegurando la transparencia informativa en todos los procesos".

De este modo, va a regular la normalización, inclusión, no discriminación e igualdad efectiva en el acceso y la permanencia en el sistema educativo para los estudiantes con necesidades educativas especiales. El número de alumnos que están apuntados en la modalidad de Educación Especial en los centros sostenidos con fondos públicos es de 5.389, de los que 2.974 pertenecen a centros públicos y 2.865 a concertados.