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La Comunidad de Madrid avanza en la detección precoz de cardiopatías congénitas de carácter hereditario, tras la firma de un protocolo de actuación entre las consejerías consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local y Sanidad, que han rubricado Miguel Ángel García Martín y Fátima Matute en un acto celebrado en el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (IML).

García Martín ha resaltado “la estrecha coordinación entre consejerías con el fin último de proporcionar a los madrileños los mejores servicios públicos y, en este caso, uno tan importante como salvar vidas”. Además, ha subrayado que “resulta esencial especialmente anticipar el diagnóstico en estos casos que casi nunca hay síntomas previos y el problema se manifiesta directamente con el resultado de muerte súbita”.

“Sabemos que este protocolo puede convertirse en una herramienta muy útil para seguir investigando en este fenómeno provocado por una cardiopatía que generalmente tiene un origen genético”, ha destacado Matute. “Por eso, -ha añadido- es tan importante continuar trabajando en el diagnostico precoz y ahondar en el conocimiento de la enfermedad; sólo así podremos contribuir desde las administraciones públicas a tratar de evitar que se repitan este tipo de episodios fatales dentro de una misma familia”.

Los médicos forenses hacen una investigación post-mortem y un análisis de los tejidos del fallecido. En aquellas que diagnostican como causa de la muerte una afección coronaria con posible origen genético, se comunica de inmediato a los familiares, a los que se informa de los hospitales de referencia para que acudan lo antes posible a realizarse las pruebas.

Los centros hospitalarios solicitan al IML las muestras del cuerpo para hacer los estudios genéticos que determinen si el problema es hereditario. Cuando el resultado es positivo, comienzan las pruebas a parientes para identificar si alguno de ellos padece la misma malformación cardiaca. Si es así, se establece el tratamiento más adecuado o programa la intervención quirúrgica que resuelva la patología.

El texto, que tendrá una vigencia de cuatro años, da continuidad a las actuaciones iniciadas en 2015 en los hospitales universitarios Gregorio Marañón y Puerta de Hierro Majadahonda.