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La Comunidad de Madrid facilita la contratación de seguros agrarios que protejan a los profesionales del sector primario. El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy destinar 850.000 euros para que los agricultores y ganaderos madrileños puedan optar a esta ayuda.

Esta línea de subvención pretende reducir el coste de las pólizas anuales para compensar las pérdidas que se pueden generar en caso de que sucedan imprevistos relacionados con la meteorología o con enfermedades infecciosas de difícil control, haciendo más viables los beneficios y el mantenimiento de las explotaciones. Serán perceptores los titulares de parcelas o cabezas de ganado ubicadas en el territorio regional que cuenten ya con seguros agrarios combinados.

La cuantía será un porcentaje, entre el 20% y el 30% de la prima, que se definirá en función del tipo de granja o producción agrícola. Las subvenciones serán asignadas mediante procedimiento de concesión directa tras el pago del seguro y como complemento.

Esta ayuda se podrá solicitar desde el 1 de octubre de 2022 hasta el 30 de septiembre de 2023, así como las posibles regularizaciones de pólizas vigentes en planes anteriores. También se puede realizar la petición de la subvención a través de entidades o agentes integrados en Agroseguro y se aplicará el descuento tras comprobar que se cumplen todos los requisitos.

Se trata de una medida incluida en el Plan Terra de apoyo al campo que se aprobó hace ya dos años. Es un documento estratégico con 50 líneas de actuación de las que ya se han ejecutado el 70 y que recoge, entre otros, flexibilizar la normativa, favorecer el relevo generacional y recuperar los usos tradicionales del medio rural.

En la Comunidad de Madrid hay cerca de 4.800 explotaciones ganaderas y 8.200 agrarias, lo que supone que cerca de 13.000 personas se dedican profesionalmente a estas actividades en nuestra región, además de 1.685 industrias agroalimentarias que facturan más de 6.500 millones de euros al año.

Estas ayudas que concede el Gobierno regional en colaboración la Administración General del Estado incluyen bonificaciones si se justifica que se potencia la protección del medio ambiente y se destruyen animales muertos, según la normativa. Esto evita la difusión de enfermedades o plagas y contribuye a erradicar problemas de alto riesgo sanitario como la brucelosis, la tuberculosis o la conocida como enfermedad de las vacas locas.

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