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El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid ha dado el visto bueno a una inversión de 46 millones de euros para garantizar en 2022 la asistencia jurídica gratuita a los ciudadanos de la región, lo que supone un incremento del 7% con respecto al año anterior.

Este presupuesto se articula a través de dos subvenciones directas. La primera, de manera conjunta -por un importe de 40,4 millones de euros-, está destinada a los ilustres colegios de Abogados de Madrid (ICAM) y de Alcalá de Henares (ICAAH). La segunda, que cuenta con un montante de 5,6 millones de euros, va dirigida al Ilustre Colegio de Procuradores de Madrid.

Estas ayudas se destinan a la retribución de las actuaciones profesionales del turno de oficio, asistencia letrada al detenido, tramitación de expedientes de solicitud de asistencia jurídica al detenido y gratuita, así como a los costes que estos servicios generan para los colegios profesionales.

Los pagos para el ICAM y el ICAAH se realizan a través del Consejo de Colegios de Abogados de la Comunidad de Madrid, que engloba a ambos. Los que recibe el Ilustre Colegio de Procuradores de Madrid, por medio del Consejo General de los Ilustres Colegios de Procuradores de los Tribunales de España, como entidad colaboradora.

De esta forma, la Comunidad de Madrid garantiza la asistencia jurídica a todos aquellos ciudadanos que carecen de los recursos económicos suficientes y protege el derecho fundamental de todas las personas a la tutela judicial efectiva en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, tal y como recoge la Constitución Española.

Por otro lado, el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid ha aprobado una inversión de 2.678.045 euros para prorrogar el contrato de servicios del Centro de Atención a personas con discapacidad intelectual Majadahonda. Este acuerdo permite mantener la actividad de sus 76 plazas durante dos años, desde el próximo 1 de mayo hasta el 30 de abril de 2024.

El Centro de Atención a personas con discapacidad intelectual Majadahonda está integrado por residencia, centros de Día y ocupacional, de formación, oportunidades e inserción laboral. En la residencia se prestan servicios de alojamiento, manutención y asistencia especializada a 28 personas de entre 45 y 65 años con discapacidad intelectual en proceso de envejecimiento prematuro. El objetivo de este recurso es evitar el deterioro en el mayor grado posible de quienes requieren apoyos significativos para su participación social.

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En el de Día, con capacidad para 12 usuarios de entre 18 y 65 años, se proporciona asistencia especializada, cuidados personales, habilitación y atención rehabilitadora a ciudadanos con discapacidad intelectual de carácter profundo, severo o moderado con trastornos graves asociados.

Por último, el ocupacional, de formación, oportunidades e inserción laboral cuenta con 36 plazas para edades entre 18 y 65 años con discapacidad intelectual de carácter severo sin trastornos asociados, o moderados o ligeros que requieren apoyos significativos para su participación social y laboral. En sus instalaciones se realizan distintas actividades de habilitación profesional, desarrollo personal e inclusión social.