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Carta directa desde la Comunidad de Madrid al Gobierno de España. La consejera de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura de la Comunidad de Madrid, Paloma Martín, ha remitido un escrito a la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, donde le insta a adoptar "medidas eficaces para atajar la crisis energética". La situación de España en este escenario resulta "desalentadora", dice Martín, "debido a la debilidad de nuestro mapa energético y a la insuficiencia de interconexiones eléctricas con el mercado europeo".

"La realidad en este momento es que somos uno de los países con mayor dependencia del exterior y el segundo con la electricidad más cara de toda la Unión Europea, con una fiscalidad que supera el 60% de la factura entre impuestos y costes regulados", comenta la consejera. Además, apunta que prescindir del carbón y programar el cierre de las centrales nucleares, "sin tener alternativas", nos ha hecho dependientes "de un gas que no tenemos para garantizar el suministro eléctrico". Por su parte, las energías renovables, como la eólica o la solar fotovoltaica, "no están en disposición de cubrir la demanda, al ser intermitentes, variables y no tener posibilidad de almacenamiento a gran escala".

"A las debilidades estructurales agudizadas por la política energética, dice la consejera, se añade que las medidas adoptadas por el Gobierno de la Nación a raíz de la invasión rusa de Ucrania se han revelado insuficientes, cuando no contraproducentes". "La introducción de un tope al precio del gas ha sido un fracaso, ya que el precio de la electricidad no ha dejado de incrementarse desde que la excepción ibérica entrara en vigor, cuando el Gobierno aseguró que permitiría rebajar hasta un 40% los precios del mercado mayorista", dice.

Por otro parte, el descuento de 20 céntimos en los combustibles "tampoco ha reducido los precios que los españoles pagamos por repostar, que se han encarecido en 31 céntimos la gasolina y 27 céntimos el diésel, según el Boletín petrolero de la UE del 27 de junio". "Además, las constantes amenazas de nuevos impuestos y de una mayor intervención del mercado por parte del Gobierno constituyen otro grave error, que compromete el desarrollo de nuevos proyectos, indispensables para fortalecer nuestro suministro de energía: quien tiene que hacer grandes inversiones a medio y largo plazo necesita certezas y seguridad jurídica, que es lo contrario de lo que ahora mismo está ofreciendo España", expone en la misiva.

Martín pone como ejemplo algunas actuaciones que se están llevando a cabo en los países de nuestro alrededor "para paliar el impacto de esta crisis sobre el poder adquisitivo de sus ciudadanos y para desligarse del gas y avanzar en su independencia energética". Por ejemplo, Alemania "ha decidido incrementar el mínimo personal y familiar en el IRPF y Polonia ha optado por reducir los tipos impositivos en todos los tramos del IRPF, salvo en el máximo, incrementando también el tramo exento. Más a largo plazo, Francia construirá 14 nuevos reactores nucleares y alargará la vida de los existentes, Reino Unido triplicará su capacidad nuclear de 7GW a 24GW, y otros países como Finlandia, Polonia, República Checa, Bulgaria o Rumanía están poniendo en marcha proyectos de reactores modulares".

Para la consejera de Medio Ambiente "resulta muy difícil de entender que el Gobierno de España se niegue incluso a debatir sobre la ampliación de la vida útil del parque nuclear existente, de vital importancia estratégica para España, a pesar de que ya en enero la Comisión Europea incluyó esta fuente de energía dentro de su taxonomía verde, pidiendo una inversión de medio billón de euros hasta 2050 para asegurar los objetivos de descarbonización. Decisión que, además, acaba de ser respaldada por el Parlamento Europeo".

Por todo lo expuesto y teniendo en cuenta que la Comunidad de Madrid no tiene competencias directas sobre el diseño y la gestión de la política energética, Martín insta al Gobierno de la Nación a que adopte, entre otras, medidas como la sustitución de los ocho impuestos estatales "que agravan la producción de energía" por un impuesto que externalice los daños ambientales. Por otro lado, pide estudiar la "suspensión temporal e inmediata del impuesto al CO2 y del impuesto de hidrocarburos". Otras medidas expuestas por la consejera han sido:

• Reducir las subvenciones que no tienen nada que ver con la generación de electricidad, como las garantías de potencia o las primas a las renovables.

• Traspasar el 100% de los sobrecostes de los sistemas eléctricos insulares, Ceuta y Melilla, así como el déficit de tarifa, a los Presupuestos Generales del Estado.

• Aprovechar los fondos europeos para reforzar las interconexiones, tanto eléctricas como gasistas, con el sistema europeo.

• Abrir el debate sobre la prolongación de la vida útil de las centrales nucleares, antes de que el avance de los planes de desmantelamiento nos sitúe en un punto de no retorno.

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