Te despiden y utilizan un vídeo para justificar las causas ¿es legal o vulneración de protección de datos? Desde hace unos años, el Tribunal Supremo valida las grabaciones como prueba para el despido, pero hay personas que todavía se preguntan si esto es legal. En una reciente sentencia, el tribunal subraya que una grabación puede ser admisible en el marco de un proceso laboral, aunque en otro procedimiento se determine que atenta contra la legislación de privacidad.
La resolución, adelantada por El Confidencial, explica que "lo relevante es que el trabajador conocía de la existencia del sistema de videovigilancia" y que es válido como prueba aunque "la empresa pueda ser responsable en el ámbito de la legislación de protección de datos", obligando a repetir un juicio en el que estas imágenes no fueron admitidas como prueba.
El último caso ha sido el de un vigilante de seguridad de la Institución Ferial de Madrid (IFEMA). Fue despedido después de que los responsables de la seguridad del recinto comprobasen que tanto él como otros compañeros dejaban por escrito en sus partes diarios que realizaban controles de seguridad aleatorios en los coches cuando, en realidad, no lo estaban haciendo.
En un primer momento los tribunales madrileños declararon improcedente el despido y obligaron a la empresa a readmitirle o indemnizarle. Sin embargo, el Tribunal Supremo ha dado la razón a la empresa Securitas avalando las imágenes como prueba que demostraba que no se estaban realizando todos los controles.
Siempre y cuando los empleados sepan que hay cámaras de videovigilancia, podrán utilizarse las grabaciones como pruebas
Anteriormente, se habían dictado sentencias contradictorias sobre la validez de las grabaciones de vídeo en el centro de trabajo, pero en este último dictamen del Tribunal Supremo se establece un precedente importante para que las empresas puedan hacer uso de este tipo de grabaciones.
A partir de ahora, siempre que los empleados sepan que hay cámaras de videovigilancia en su lugar de trabajo y su ubicación, podrán utilizarse las grabaciones como pruebas en el caso de que cometan un acto ilícito, sin que ello vulnere sus derechos fundamentales.