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La Comunidad de Madrid está intensificando la vigilancia del uso de maquinaria en terreno forestal para verificar que las personas que utilizan este tipo de herramientas tienen la autorización que establece la normativa de prevención autonómica contra incendios forestales.

Para emplear cualquier instrumento, vehículo o aparato que pueda generar chispas, deflagración, calor o descargas eléctricas en el entorno natural, desde el 15 de mayo y hasta el 31 de octubre -época de riesgo medio y alto- hace falta una autorización expresa de la Dirección General de Emergencias. El Cuerpo de Agentes Forestales (CAF) es el encargado de verificar que se cumplen las condiciones. En lo que va de verano, ya ha supervisado cerca de 200 desbrozadoras, radiales, motosierras, motores eléctricos, además de cosechadoras, segadoras o tractores con aperos en superficies agrícolas.

Entre las obligaciones contempladas, está la de contar con medios de extinción, como batefuegos, extintores o mochilas de agua, así como un teléfono móvil para, en caso de producirse algún conato, comunicarlo inmediatamente al 112 y poder atajarlo rápidamente.

Su incumplimiento es una infracción de la Ley de Montes y la Ley del Sistema Nacional de Protección Civil. Además, podría ser constitutivo de un delito ambiental, tipificado en el Código Penal.

El CAF también se encarga de controlar que se llevan a cabo las paralizaciones de uso de equipamientos que puedan emitirse desde la Dirección General de Emergencias debido a condiciones meteorológicas adversas, como alta sequedad o viento.

Los miembros del Cuerpo de Agentes Forestales, a través de sus Brigadas Especiales de Investigación, escrutan el 100% de los fuegos en nuestra región, tanto sus causas naturales como de origen humano. En este sentido, cada año, uno de sus principales orígenes en el medio natural es la imprudencia o negligencia en el uso de esta maquinaria. De ahí el llamamiento que hace el Ejecutivo madrileño a extremar las precauciones.