FACUA-Consumidores en Acción ha denunciado a las principales compañías de telecomunicaciones por sus penalizaciones a los usuarios que no devuelven los equipos al finalizar el servicio contratado, así como por no dar suficiente información precontractual en la que se indique la existencia de dicha sanción, cuyo importe además resulta desproporcionado, y la forma y plazos de entrega de los aparatos.
Las operadoras denunciadas son Movistar, Orange, Jazztel (del grupo Orange), MásMóvil, Vodafone, así como Yoigo y Pepephone (ambas del grupo MásMóvil). Todas ellas incluyen cláusulas en sus contratos que imponen penalizaciones en caso de que los usuarios no devuelvan los equipos instalados en sus domicilios (como routers y otros aparatos) tras la finalización del servicio prestado.
Las denuncias han sido interpuestas ante las autoridades de protección al consumidor de las diecisiete comunidades autónomas y ante el Ministerio de Consumo
La asociación ha realizado un análisis de las condiciones contractuales de las compañías, en el que ha detectado la imposición de cláusulas con respecto a dicha devolución que pueden considerarse abusivas. Además, ha comprobado la falta de información precontractual con respecto a la entrega de los equipos, de manera que los usuarios ni siquiera conocen previamente que deben devolver los aparatos, el procedimiento que deben seguir, que pueden incurrir en penalizaciones de no hacerlo o no saben a cuánto ascenderían las cantidades, que en muchos casos están sujetas a criterios que las compañías no especifican.
Es por ello que FACUA ha instado al Ministerio de Consumo a que impulse las modificaciones normativas que sean oportunas para imponer a las operadoras de telecomunicaciones la obligación de recoger los equipos de los domicilios de los usuarios una vez se pone fin al contrato.
La asociación entiende que, dado que a la hora de contratar es un técnico de la compañía quien acude a la vivienda para realizar la instalación de los aparatos, debe ser igualmente la empresa quien realice la recogida, en lugar de obligar a los consumidores a desinstalar los equipos y entregarlos mediante el procedimiento que la operadora considere oportuno.
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