La Comisión para la Transición Ecológica del Congreso de los Diputados aprobaba ayer la nueva Ley de residuos propuesta por el gobierno y que ha sido apoyada por todos los grupos, excepto el PP, Cs y Bildu que se han abstenido, y VOX y ERC que han votado en contra. Pero, ¿en qué consiste esta nueva legislación que regulará el tratamiento de los desperdicios en nuestro país?
Uno de los temas más polémicos de esta nueva Ley es la creación de un Sistema de Depósito, Devolución y Retorno (SDDR) para los envases, que dejarán de ser de plástico para utilizar otros materiales que sean más sencillos de reutilizar. Así, los consumidores pagarán una "fianza" por estos recipientes, que después se devolverá si estos devuelven el envase higienizado para poder ser reutilizado, en unos contenedores especiales que se instalarán para este fin.
Una iniciativa que lleva años funcionando en otros países europeos, como Alemania, en el que se estima que gracias a este sistema se ha conseguido recuperar hasta el 98,5% de los envases, pero que en nuestro país no hace demasiada gracia a la empresa Ecoembes, la encargada de reciclar los productos plásticos. Según cifras europeas en España solo se recicla y recupera el 25% de los envases.
Aunque el objetivo final es acabar por completo con los plásticos de un solo uso, para aquellos que necesiten utilizar este material y no puedan sustituirlo por otro, se les impondrá un impuesto especial de 0,45 euros el kilo de plástico, una cifra que a las asociaciones ecologistas le hubiese gustado que alcanzase los 0,80 euros el kilo. Tras aprobarse una enmienda parcial del PP se da de plazo hasta el 1 de enero de 2023 para empezar a cobrar dicho impuesto y así permitir a las empresas que cambien sus materiales.
Se ha incluido la creación de un censo para conocer en qué lugares existe todavía la uralita así como un protocolo para su eliminación
Otros de los aspectos más polémicos de esta nueva Ley de residuos, y que ha supuesto el voto en contra de ERC, es el canon que se impondrá a las empresas por el uso de vertederos y plantas de incineración que gestionan las Comunidades Autónomas. Este impuesto ya existe en Cataluña y lo que ha enfadado al partido independentista es que al haber una ley estatal que lo regule, se van a perder competencias autonómicas para imponer la tasa que se ha de pagar o cuándo o cómo se ha de pagar.
Según los ecologistas esto va a evitar el llamado "turismo de vertedero" por el que muchas empresas evitaban llevar sus residuos a vertederos de Cataluña, y los descargaban en Aragón, para de esta manera evitar el canon impuesto.
Pero sin duda uno de los aspectos más celebrados de esta nueva ley, y que lleva siendo reclamado por la sociedad civil desde hace años, es que España va a estar libre de amianto en el año 2028. Aunque este material está prohibido en nuestro país desde 2002, todavía quedan muchas edificaciones, como colegios u otros servicios públicos, que conservan este material que puede provocar cáncer de pulmón si se respira de manera frecuente.
De hecho, el Metro de Madrid es donde más trabajadores han fallecido por haber inhalado asbesto a lo largo de los años, durante los trabajos de mantenimiento. Solo en 2020, murieron 23 empleados que habían desarrollado tumores.
En el texto se ha incluido la creación de un censo para conocer en qué lugares existe todavía este material, también conocido como uralita, así como un protocolo para su eliminación con seguridad. Además, se priorizan sitios públicos con población más vulnerable como pueden ser hospitales, residencias de ancianos o colegios.