El ministro de Consumo, Alberto Garzón, se ha reunido este jueves con representantes de la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos, y estudiará sus propuestas sobre el etiquetado de la carne, al considerar que los consumidores "tienen derecho a saber con la mayor precisión posible de dónde proceden los productos que están consumiendo".
Garzón se convertía hace apenas unos días, de nuevo, en protagonista de la polémica, por sus declaraciones durante una entrevista en la que se mostró bastante crítico con las grandes industrias ganaderas, conocidas como macrogranjas, señalando los efectos negativos de los grandes complejos dedicados a la ganadería intensiva. Este hecho desató una oleada de reacciones de profesionales del sector, que aseguran que en España esta clase de explotaciones es muy minoritaria y está ya muy controlada. La corriente de opinión del miembro del gobierno, que anunciaba medidas en contra de esta forma de crianza de animales destinados al consumo, tampoco gustó a algunos presidentes autonómicos de regiones en las que la producción y consumo de carne supone un segmento considerable de su economía.
El Ejecutivo intentó desvincularse de dichas declaraciones, derivando el escándalo en una crisis interna dentro del equipo de Gobierno. Ahora, el ministro ha defendido la ganadería extensiva, familiar y social, "que genera puestos trabajos y produce arraigo en la población", frente al modelo de las macrogranjas, es decir, "explotaciones que es necesario frenar y limitar para proteger el planeta, el mundo rural y la ganadería". En este sentido, el Ministerio de Agricultura trabaja ya en un decreto ley orientado a regular el tamaño de las granjas de vacuno, limitando su capacidad máxima a 850 cabezas de ganado bovino.
Garzón también ha reivindicado "todas las reformas que ha hecho el Gobierno de España para proteger a este sector". Por ejemplo, el real decreto de flexibilización del paquete higiénico-sanitario, que facilita la comercialización a los pequeños productores.
El ministro ha defendido la ganadería extensiva, familiar y social frente al modelo de las macrogranjas.
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"La ganadería social y familiar representa a gran parte del sector y tiene que ser defendida frente a amenazas como las macrogranjas. Siempre hemos señalado, en línea con los mandatos de la Comisión Europea y en línea con la evidencia científica, el enorme coste social, ecológico y económico que produce este modelo de producción", ha recalcado el ministro.
Ante ello, ha considerado "muy importante" que la ciudadanía y los consumidores tengan las herramientas necesarias para saber "diferenciar qué productos proceden de las macrogranjas" y cuáles no.