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Desde Satse, Sindicato de Enfermería, se han llevado a cabo diversas reclamaciones durante las últimas semanas. Reivindicaciones que cobran especial relevancia en plena era COVID, con el personal sanitario en una situación crítica.

Jesús García Ramos, portavoz de Satse Madrid, hace alusión a unos “déficits históricos” en la Comunidad de Madrid “en cuanto a las demandas que tenemos enfermeras y enfermeros, y también los fisioterapeutas, que con la situación de COVID se han multiplicado por cien”. Una de las cuestiones que ya afectaban al sistema sanitario, apunta García, son las ratios de enfermera-paciente: “tenemos una de las más altas de España, estamos muy lejos de llegar a la media europea; harían falta más enfermeras, fisioterapeutas y matronas para garantizar la seguridad del paciente”, señala.

Un problema que se agrava con la temporalidad. “Actualmente, más del 50% de la plantilla del Servicio madrileño de Salud es temporal, con lo que la estabilidad en el empleo y la consolidación de plantillas y de equipos de trabajo dinámicos se complica”, apunta el portavoz del Sindicato de Enfermería en Madrid. A todo ello se le suma “que tenemos una OPE pendiente de resolver desde 2018”.

En los últimos meses, desde SATSE Madrid se ha denunciado la precariedad de las contrataciones, "con más de 1.000 contratos en la actualidad sin cubrir”. En este sentido, García añade que “a nivel de salarios, somos la tercera Comunidad que peor paga en atención primaria y la cuarta o quinta en especializada”. El alto nivel de vida de la región y la carga de trabajo ha provocado que muchos profesionales opten por escoger otras provincias en las que desarrollar su carrera profesional, “según estimaciones del Colegio de Enfermería, en torno a 2.000 enfermeras se han ido de la Comunidad de Madrid desde 2020, lo cual es muy preocupante porque está en juego la calidad asistencial”.

La conciliación de la vida laboral y familiar es otro de los obstáculos a los que se enfrenta este colectivo, y motivo por el cual han solicitado la implantación de guarderías para niños de 0 a 3 años en los centros sanitarios. Hasta el motivo, subraya Jesús García, les queda “depender de la buena fe de las compañeras para poder hacer cambio de turno y de días para cuidar a sus hijos, y recurrir a reducciones de jornada o excedencias que implican una pérdida salarial importante”.

El sindicato hace hincapié en la necesidad de implantar atención sanitaria enfermera en los aeropuertos, espacios que congregan a miles de personas de diferentes partes del mundo: “es importantísimo, y se ha demostrado con la pandemia, sobre todo de cara a la educación para la salud y al control de pasajeros, así como a la aplicación de medidas, es fundamental que haya enfermeras en los aeropuertos, especialmente en los grandes, donde hay problemas de salud continuamente”. Por otro lado, explica que “hay personas que no tienen tarjeta sanitaria en España y que requieren de atención rápida, ya sea por diabetes, tensión e incluso infartos, y se hace imprescindible tener una enfermera en todos los aeropuertos”. Asimismo, el Sindicato de Enfermería subraya que medidas como la implantación generalizada de atención sanitaria prestada por enfermeras y enfermeros en estas instalaciones conllevan una inversión económica insignificante en comparación con los resultados sanitarios y de ahorro de costes futuros que se consiguen a todos los niveles. La organización sindical demanda que se dé un paso más y se posibilite su presencia en el resto de aeropuertos hasta llegar al total de la red de infraestructuras aeroportuarias (46) que gestiona la empresa pública Aena en nuestro país.

Otra de las cuestiones señaladas por el Sindicato hace referencia al bloqueo existente en el Congreso de los Diputados en relación a la Ley de Seguridad del Paciente. El Sindicato de Enfermería demanda tener conocimiento de las razones argumentadas por cada uno de los partidos políticos que han acordado las más de 20 prórrogas al plazo para presentar enmiendas parciales. En una carta dirigida a la presidenta del Congreso, el presidente de SATSE, Manuel Cascos, le traslada el desconcierto existente entre los profesionales y la ciudadanía en su conjunto ante las más de 20 prórrogas al plazo de presentación de enmiendas parciales a la Ley de Seguridad del Paciente que se han ido sucediendo desde que el pasado mes de diciembre se tomó en consideración esta norma en el Pleno del Cámara Baja. En esta línea, el portavoz de la organización en Madrid sostiene que “nosotros presentamos una iniciativa legislativa popular, recogimos más de 700.000 firmas de ciudadanos que la apoyaron, y su finalidad es proteger la seguridad del paciente, porque hay estudios científicos que demuestran que a menos pacientes por enfermera, mayor seguridad y menor mortalidad y mejores condiciones de vida en una sociedad como la que tenemos, cada vez con más enfermedades crónicas”. Una iniciativa que “pasó el primer filtro en el Congreso y que ahora se tendría que tramitar pero no se puede, dado el bloqueo de determinados partidos políticos. Resulta incomprensible, porque es una ley que nos beneficia a todos”.

El Sindicato de Enfermería subraya que el debate de las enmiendas parciales al texto para la posterior aprobación de la norma debería considerarse como una prioridad dentro de la activad de la Cámara Baja dada su urgente necesidad de cara a mejorar y reforzar nuestro sistema sanitario después de haber sufrido un grave deterioro a raíz de la pandemia del Covid-19.

No obstante, y pese a que la Proposición de Ley suscitó el apoyo inequívoco de la gran mayoría de partidos políticos durante su debate en el Pleno (312 votos a favor y solo 10 en contra), la organización sindical denuncia que han transcurrido ya cerca de diez meses y más de 20 prórrogas para la presentación de las enmiendas parciales.

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