El Consejo de Gobierno ha autorizado, en su reunión de hoy, destinar más de 600.000 euros para la ayuda a los refugiados ucranianos que atiende la Comunidad de Madrid a través del Protocolo de Actuación Inmediata del Hospital público Enfermera Isabel Zendal.
El Ejecutivo autonómico garantiza mediante mediante dos contratos de emergencia de la Consejería de Presidencia, Justicia e Interior, la asistencia de las prestaciones y servicios a los desplazados por la inversión de Rusia y el envío de material a Ucrania en un operativo solidario gracias a las aportaciones de miles de madrileños.
Envios solidarios y asistencia sanitaria
###62510##
El primero de los contratos, con una dotación de 159.720 euros, corresponde al servicio de transporte necesario para hacer llegar a países fronterizos con Ucrania (Polonia y Rumanía) todo el material donado, y que desde el pasado 7 de marzo ha ido llegando de forma centralizada al nuevo centro sanitario público ubicado en Valdebebas.
Estos envíos solidarios, procedentes de 520 entidades públicas y privadas, incluyen alimentos no perecederos e infantiles, productos de higiene personal, lencería y ropa, medicamentos y otros artículos farmacéuticos y sanitarios. Hasta este momento ya se han cursado más de 561.000 kilos de cargamentos y han partido un total de 87 expediciones sufragadas por el Ejecutivo regional.
El segundo cuenta con un presupuesto de 445.348 euros y cubre dos tipos de prestaciones. Por una parte, la asistencia presencial activada desde el mes pasado en el Hospital público Enfermera Isabel Zendal y donde hasta la fecha han sido atendidos 4.191 refugiados, y por otra la cobertura del servicio telfónico gratuito 900 822 833, que desde el 18 de marzo ha dado respuesta a 2.989 ciudadanos, exclusivamente en ucraniano, sobre el acceso a los recursos públicos sanitarios, educativos, sociales y de movilidad regionales a los que tienen derecho.
ónico gratuito 900 822 833, que desde el 18 de marzo ha dado respuesta a 2.989 ciudadanos, exclusivamente en ucraniano, sobre el acceso a los recursos públicos sanitarios, educativos, sociales y de movilidad regionales a los que tienen derecho.