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El consejero de Transportes e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid, David Pérez, ha denunciado “la falta de diálogo, rigor y garantías por parte del Gobierno estatal al imponer de manera unilateral medidas que afectan directamente a sus competencias sin contar previamente con los agentes implicados que son todas las comunidades autónomas”, tras la reunión de la conferencia nacional de transportes, celebrada en el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.

Del mismo modo, también ha reclamado “garantías financieras para poder aplicar la reducción de los precios en el transporte público y ha exigido al Gobierno que renuncie a su política de hechos consumados y que la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, garantice la financiación íntegra para poder pagar la reducción del abono transporte, que en el caso de la Comunidad de Madrid puede llegar a suponer cerca de 80 millones de euros”.

La Conferencia ha abordado asuntos, entre otros asuntos, el reparto de ayudas para la digitalización o aquellas derivadas del Real Decreto que establece una reducción de los precios del transporte público.

En lo que se refiere al Decreto que rebaja las tarifas del transporte público en un 30%, con opción de llegar a un 50% a cuenta de las Administraciones regionales, Pérez ha recriminado a la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana que no se les haya consultado antes de aprobarlo el Consejo de Ministros, y ha expresado su preocupación ante la indeterminación de las cuantías a recibir, ya que en ningún caso se ha recabado información de las propias regiones a la hora de plantear esta propuesta.

En este sentido, el consejero de Transportes e Infraestructuras ha exigido al Gobierno nacional que se garantice la cobertura financiera efectiva del citado 30% a tenor de los datos finales del transporte, y no de una estimación que podría no cubrir realmente la subvención propuesta. “Estamos cansados de tener que sufragar las propuestas de un Gobierno que no cuenta con las comunidades autónomas, salvo para pagar sus anuncios”.

Respecto a las ayudas a la digitalización, Pérez ha reclamado más diálogo con el sector y con las propias Administraciones regionales, que hubiera permitido perfilar esta línea de ayudas con un criterio más eficaz y realista. Al no ser así, son muchas las voces del sector que han advertido la pérdida de oportunidad de haber podido ayudar realmente a las empresas. Del mismo modo, el consejero de Transportes e Infraestructuras ha lamentado “la improvisación y falta de rigor en la confección de dichas ayudas, con cambios de criterio que terminan afectando a las comunidades autónomas”. En las últimas semanas, se ha modificado el criterio de reparto de los fondos, provocando cambios sustanciales en las cuantías a percibir por cada Comunidad.