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La Comunidad de Madrid continúa insistiendo en que el Real Decreto de ahorro energético del Gobierno de la Nación es "inconstitucional", así lo ha trasladado a través de unos puntos en los que se apoya sus recursos y recoge la "no obligatoriedad" del acuerdo con la Unión Europea para rebajar el 7% el consumo de gas en España.

En primer lugar, desde la Comunidad de Madrid entienden que el Real Decreto está en contra de las competencias autonómicas, porque "no garantiza el suministro de gas, ya que el mismo RDL afirma que España no tiene ese problema, por lo que consideramos que no se pueden establecer mínimos ni máximo en las temperaturas de aire acondicionado y calefacción".

Aunque esto no es lo único que entienden que invada a las competencias autonómicas, para el Gobierno regional, "la obligación de instalar cartelería, pantallas... para informar de las medidas de ahorro energético no contribuye directamente a dicho ahorro energético".

"El cierre de puertas de los locales y centros de trabajo choca con la normativa de Salud Pública dictada con ocasión de la pandemia por Covid-19 y que establece la necesidad de la ventilación", continúan alegando desde la Comunidad de Madrid.

Otra de las cuestiones es que "la extensión de las prohibiciones a energías renovables o de autoconsumo excede la necesaria proporcionalidad del RDL. Si lo que pretende es ahorro de gas, ¿por qué se prohíbe este tipo de iluminación basta en otras fuentes de energía?".

Para el Gobierno regional, la Ley de Libertar de Horarios Comerciales de la Comunidad de Madrid, que permite abrir las 24 del día, se ve colisionado por "el apagado de escaparates a las 22:00 horas. ¿Se puede cumplir esa norma con escaparates apagados?". Por su parte, "el apagado de edificios públicos chocaría con la competencia del cuidado y utilización de los edificios propios de la Comunidad de Madrid y con el desarrollo turístico".

"El adelanto puntual de la próxima inspección de eficiencia energética en instalaciones podría exceder las bases estatales, toda vez que la periodicidad de estas inspecciones no tiene carácter básico", continúa diciendo la Comunidad de Madrid.

Desde el Gobierno de la región han concluido diciendo que "la defectuosa configuración del régimen sancionador puede llevar aparejada vicios de legalidad o constitucionalidad en las sanciones que puedan imponerse, tal y como sucedió en las derivadas de los estados de alarma durante el COVID".