La Comunidad de Madrid solicitará al Gobierno central medidas fiscales eficaces para abaratar la factura energética que soportan los ciudadanos, eliminando hasta 9 impuestos que disparan los recibos. El Consejo de Gobierno ha conocido, en su reunión de hoy, un informe sobre el impacto de esta crisis que afecta al sector y a las economías de empresas o familias y causante principal de una inflación interanual por encima del 10%.
El documento ha sido elaborado desde la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura y muestra el contexto actual para alertar, además, de que si no se adoptan iniciativas inmediatas como las que propone para evitar que la situación puede agravarse al final de este verano.
La consejera de este departamento del Ejecutivo madrileño, Paloma Martín, ha anunciado que pedirá por carta a la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, que el Gobierno central “abandone su política de marketing, establezca una hoja de ruta con medidas concretas eficientes y actúe de manera urgente sobre la fiscalidad”.
Entre las acciones más urgentes, Martín propone que el Gobierno de la Nación sustituya los ocho impuestos estatales que gravan actualmente la producción de energía por solo uno impuesto que incorpore los daños ambientales. “No puede ser que las medidas adoptadas por el Estado estén provocando un aumento de generación eléctrica con carbón y gas, lo que supone que las emisiones de CO2 hayan aumentado de media en un 47%, pasando de 160 gramos por KWh frente a los 235, con picos en horario nocturno de 310 por KWh”, ha aseverado.
“España contamina más y, al mismo tiempo se resiente el bolsillo de las familias”, por ello, la consejera también instará a que planteé a la Unión Europea la suspensión temporal e inmediata de impuesto al CO2 y del de hidrocarburos, “ya que es inasumible que seamos la segunda electricidad más cara de Europa con una fiscalidad que supera el 60% de las facturas entre impuestos y costes regulados”.
Asimismo, a nivel fiscal también reclamará que se eliminen las subvenciones que no estén vinculadas a la generación de electricidad y que se traspasen los sobrecostes de los sistemas eléctricos insulares, así como el déficit de tarifa a los Presupuestos Generales del Estado.
La Comunidad de Madrid también demandará un calendario que incluya medidas de diferente alcance temporal a corto, medio y largo plazo, ya que considera que las que ha ido adoptando hasta el momento el Gobierno central no han hecho más que empeorar la situación, como por ejemplo, la introducción del tope al precio del gas. “Además de no conseguir el objetivo de rebajar el precio de la luz, le toca pagarlo a los ciudadanos. Desde que entró en vigor la excepción ibérica, el precio de la luz se ha incrementado un 24%, cuando el Estado anunció que el tope permitiría rebajar hasta un 40% los precios del mercado mayorista".
Solicita también abrir un debate sobre la prolongación de la vida útil de la nuclear,
España es de los países europeos con mayor dependencia energética, hasta un 74% de lo que consumimos depende de importaciones de gas y del petróleo, por lo que el Gobierno autonómico solicitará al Estado que abra el debate de la nuclear y se aborde el proceso de prolongación de su vida útil, al ser una energía más verde y menos contaminante. La consejera ha citado como ejemplo la política por la que están apostando países como Estados Unidos o Francia, donde se han anunciado la construcción de nuevas infraestructuras de este tipo o que alargarán el funcionamiento de las existentes.
También propondrá que se aprovechen los fondos de la UE para reforzar las interconexiones, tanto eléctricas como gasistas, con el sistema europeo. A largo plazo, también se solicitará al Gobierno central que avance en la electrificación de la demanda, rediseñando el mix energético y dando cabida a todas las tecnologías, tanto las discontinuas como de respaldo.
A pesar de que la Comunidad de Madrid no tiene competencias directas sobre la gestión en materia energética o el diseño estratégico del mapa específico, la crisis energética puede afectar al crecimiento económico y al bienestar social de la región. “La energía es un recurso estratégico. Disponer de energía es lo que hace posible nuestro modo de vida, en nuestras casas, en los servicios públicos y para el normal funcionamiento de la actividad industrial, comercial y económica. Es la base de la que dependen la estabilidad, el crecimiento y el bienestar de las sociedades, así como la independencia y la paz de las naciones”, ha concluido Martín en su comparecencia al término de la reunión del Consejo de Gobierno.