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El Gobierno de Díaz Ayuso redobla su ataque contra la educación pública suprimiendo los cerca de 4.987 grupos creados este curso para reducir ratios. Este recorte afectará también a los 5.681 puestos docentes que han garantizado unas aulas seguras durante la pandemia. Además, con datos de un 43% de los centros de la región, se han contabilizado 114 aulas que se suprimen sin ninguna explicación, lo que equivale a unas 182 plazas docentes adicionales recortadas.

En lo que respecta a estos recortes adicionales, la zona más afectada es el Sur de la Comunidad con 56 aulas, seguida de Capital, con 38, y de la zona Este, con 17. En total, con los datos recopilados hasta ahora, serían 92 aulas menos en colegios y 22 en institutos: un total de 114 aulas.

Si a esto se le suma lo que se elimina de recursos extra creados por la pandemia, se estaría hablando de 5.101 grupos y 5.863 docentes menos. Si a estos datos se le suman los 1.117 docentes de refuerzo Covid que se eliminaron ya el diciembre pasado nos encontramos, con los datos de los que ahora mismo se dispone, con que el próximo curso comenzaría con unos 6.980 docentes menos que el actual.

Estos recortes son inaceptables para la escuela pública en cualquier circunstancia pero es una absoluta temeridad de cara al curso 2021-2022, que comenzará, es de esperar, con la pandemia aún activa. Pretender que en septiembre la pandemia habrá desaparecido no es optimismo, es negligencia. Es extremadamente indignante e inaudito que en este contexto se continúe con el ataque constante a la educación pública y a sus recursos.

Son también muy reveladoras las formas en las que la Comunidad de Madrid ha ejecutado este recorte: esta decisión no se ha anunciado públicamente, y por lo tanto tampoco ha habido un debate previo con la comunidad educativa sobre las necesidades y los retos que se presentan para el curso que viene. Los centros educativos y las familias han tenido que enterarse de estos recortes a través de la plataforma educativa Raíces, donde se han encontrado la amarga sorpresa.

Esta reducción de la oferta de plazas públicas antes del periodo de escolarización limita la libertad de las familias de elegir centro, y es parte de la estrategia de este gobierno para trasvasar todas esas plazas a una educación concertada cuya demanda inflan artificialmente con cesiones públicas.

Un ejemplo de estos recortes de cara al próximo curso se vive en Leganés: en esta localidad quedan suprimidos diez grupos, un cierre de aulas que afectará a 250 familias. Las asociaciones de la zona han denunciado que los recortes afectan a tres de cada diez centros. La Plataforma por la Escuela Pública ha denunciado que en Aranjuez se cerrarán 110 aulas, y ya se ven cifras similares repartidas por el resto de la Comunidad.

CCOO no va a aceptar esta situación y, junto con el resto de la comunidad educativa pública madrileña, realizará todas las actuaciones y movilizaciones a su alcance para revertir esta situación y cambiar las intenciones de este Gobierno regional.

El sindicato seguirá recopilando toda la información al respecto y luchando contra estas supresiones también centro a centro.