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La Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Complutense de Madrid da un paso más en su protesta pidiendo que se retire a la presidenta del Gobierno madrileño, Isabel Díaz Ayuso, el título de 'Alumna Ilustre' que le concedió el centro "por sus decisiones financieras sobre las universidades públicas, condenándolas a la insostenibilidad de su funcionamiento ordinario".

Durante el día de ayer, los centros públicos convocaron una nueva concentración frente a la Asamblea de Madrid para denunciar la partida económica que el Gobierno regional destina a las universidades en sus presupuestos para 2025. Unas movilizaciones que también apoya la Junta de la Facultad de Ciencias Políticas de la Complutense.

Así lo han manifestado en un comunicado donde también piden a la comunidad educativa que, para aquellas movilizaciones que estén convocadas de manera oficial y que hayan cío avisadas con la debida antelaciones, no se lleven a cabo actividades académicas no recuperables para los alumnos, facilitando así la asistencia de los mismos.

En este sentido, y tras reiterar la retirada del título especial de la presidenta madrileña, la Junta manifiesta su desconcierto ante las decisión del Gobierno del Partido Popular de mantener sus planes económicos, "aportando una cantidad de dinero público que sigue muy lejos del mínimo exigido por la Conferencia de Rectores/as de las Universidades Madrileñas". Así mismo, consideran que con estas decisiones, se "está incumpliendo la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU) que, entre otros objetivos, establece avanzar hacia una financiación mínima de un 1% del PIB para 2030", sentencian en el comunicado.

Por todo ello, solicitarán formalmente al rectorado de la Complutense la presentación de una demanda judicial frente al Gobierno de Ayuso. Además, pedirán el amparo del Gobierno de España de cara a "mantener la función social y la autonomía garantizada por la Constitución para nuestras universidades y que ahora mismo está en riesgo por las decisiones del gobierno autonómico madrileño"; y reclamarán al Defensor del Pueblo que intervenga en el caso.