Las seis universidades públicas de la Comunidad de Madrid se han puesto de acuerdo para elaborar un escrito dirigido al Gobierno de Isabel Díaz Ayuso. En la carta, los centros advierten que, tras el análisis de los presupuestos de 2025 y varias reuniones, están preocupados por "la insostenibilidad económica del sistema para garantizar la calidad del servicio público que necesita la ciudadanía".
En este sentido, en el comunicado manifiestan que la partida destinada a las subvenciones "ignora los argumentos que hemos planteado a la Consejería -de Educación-, y enmascara un descenso real en a financiación de las universidades", agravando así el "déficit estructural" que sufren los centros. Los rectores firmantes señalan que no solo se mantiene el mismo presupuesto que en 2024, sino que la "mínima" subida contemplada por el Ejecutivo va destinada exclusivamente al incremento salarial que ya fue aplicado a los empleados públicos el año pasado. Por todo ello, se produce un "retroceso en términos reales para la financiación universitaria".
Por otro lado, las partidas presentadas por el Gobierno de Ayuso parecen no contemplar recursos específicos para cubrir el incremento de los costes derivados del cumplimiento de la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU). "Esto contribuye decididamente a colocar a las UPPMM en una situación prácticamente insostenible". Además, según esta ley, en su artículo 55 establece la obligatoriedad a las administraciones públicas de garantizar los recursos necesarios para la suficiencia financiera de los centros.
En el escrito, los rectores denuncian que las universidades públicas llevan sufriendo una infrafinanciación desde hace 15 años. "Desde la crisis financiera, la Comunidad de Madrid redujo drásticamente la subvención nominativa y aumentó los precios de las matrículas a estudiantes", remarcan en la carta, y, aunque en los últimos años se han bajado esos precios, parece que esto no se ha traducido en una mayor subvención o una recuperación para los centros.
Los rectores denuncian que, al parecer, las universidades operan a día de hoy con una subvención inferior a la que había en el año 2009, algo que contrasta directamente con el incremento en un 34% del IPC. "Mientras otras comunidades autónomas han revertido los recortes de la pasada década mediante contratos-programas de financiación plurianuales y nuevos modelos de financiación, Madrid se aleja del objetivo de dedicar el 1% de su PIB a la educación superior", denuncian.
A todo ello se une una "caída significativa" en los recursos destinados al mantenimiento y mejora de las infraestructuras, además de la necesidad de reducir la actividad docente a algunos profesores, "sin haber podido contratar el número de efectivos de profesorado necesarios para compensar esa reducción, dada la precaria situación económica descrita". Si bien es cierto que, según los rectores, el Ministerio de Universidades lanzó una propuesta para poder autorizar y contratar nuevos docentes, la realidad que denuncian es que la Comunidad de Madrid no ha dado un paso al frente y, al parecer, tampoco ha puesto soluciones sobre la mesa.
Por todo ello, los rectores proponen una batería de posibles soluciones entre las que se encuentra una enmienda a los presupuestos que garantice la suficiencia financiera de las universidades públicas, que se aumente la partida para las infraestructuras, además de elaborar un modelo de financiación plurianual que asegure la sostenibilidad de los centros y que se pueda adaptar las plantillas a la LOSU.
Fuentes de la Consejería de Educación han respondido a la carta de los rectores señalando que desde la Comunidad de Madrid se "realiza un importante esfuerzo presupuestario para garantizar el funcionamiento de las seis universidades públicas de la región, a las que destina más de 1.100 millones de euros anuales". Es más, esta cantidad supone cerca de un "4% del presupuesto total de la región, un porcentaje que se sitúa por encima de la inversión que realizan otras comunidades autónomas en este capítulo".
Además, las mismas fuentes señalan que "seguimos trabajando con toda la comunidad universitaria, y por supuesto también con los rectores, en la nueva Ley de Enseñanzas Superiores, Universidad y Ciencia (LESUC), que incluirá un nuevo modelo de financiación plurianual adaptado a sus necesidades".
En este respecto, la Consejería señala que su objetivo es que las universidades públicas cuenten con una financiación básica para su normal funcionamiento y, además, "reciban tanto inversiones para necesidades singulares como una financiación adicional cuyo importe estaría en función del cumplimiento de determinados objetivos estratégicos en materia docente, investigadora o de competitividad".
Por otro lado, el Ejecutivo asegura que trabajan junto a los responsables universitarios en un "plan de infraestructuras para definir el estado y necesidades que presenta cada institución".