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Llevamos días con la polémica abierta entre los socios de gobierno de la Junta de Castilla y León a cuenta del plan de Vox de implementar en su región un plan antiabortista para promover lo que ellos consideran “la cultura de la vida”.

Esta polémica ha saltado a Madrid donde la presidenta regional Isabel Díaz Ayuso, que se mete gustosa en todos los líos, se puso del lado de la ultraderecha al afirmar que “la mujer embarazada tiene derecho a informarse y no estar sola ni presionada por nadie”. Después, con el paso de los días, ha ido matizando su posición y ha dicho que el vicepresidente de Vox en la comunidad vecina no tiene competencias en el asunto y que solo busca un conflicto innecesario. También ha atizado al Gobierno central al que le critica por una supuesta “sobreactuación” en el asunto.

El líder de los socialistas madrileños, Juan Lobato, ha afirmado, por su parte, que Juan García-Gallardo, líder ultraderechista del Ejecutivo castellano y leonés “es un aprendiz de Ayuso porque en la Comunidad de Madrid hay clarísimamente un bloqueo ideológico y administrativo al derecho de las mujeres a interrumpir su embarazo”.

Para el secretario general del PSOE-M “El protocolo que tenemos en Madrid, por desgracia, no tiene nada que envidiar al de Castilla y León: objeción de conciencia generalizada e impuesta a todos los profesionales, multiplicación de las subvenciones a organizaciones que en las puertas de las clínicas tratan de presionar y acosar a las mujeres, una práctica que va en contra de la ley”.

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