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La diputada y portavoz de servicios sociales del PSOE-M, Lorena Morales, y el portavoz adjunto del PSOE en la Asamblea de Madrid, Jesús Celada, han presentado este miércoles un Proyecto de Ley de servicios sociales para su aprobación en la cámara regional. Los socialistas han reivindicado su importancia, ya que “los Servicios Sociales son uno de los pilares de nuestro Estado de Bienestar” y la ley vigente en la Comunidad de Madrid tiene cerca de 20 años.

El PSOE-M ha criticado que, además de “desfasada”, esa ley nunca “se aplicó realmente porque no tuvo desarrollo reglamentario”, en alusión a los sucesivos gobiernos del PP en la Comunidad durante los últimos 27 años. Por eso, desde el PSOE se reclama una norma adaptada a los nuevos tiempos y necesidades cada vez más acuciantes de la ciudadanía, no como la que presentó en junio el Gobierno del PP.

Para Lorena Morales, “no se puede hacer caja con los servicios sociales”. La diputada del PSOE-M ha explicado que “en el momento en el que las necesidades de las familias madrileñas son más acuciantes, Ayuso plantea una norma que abandona a la ciudadanía, que nos deja a la cola de España –a años luz de las leyes de tercera generación como las de la Comunidad Valenciana o del País Vasco– y que perpetúa la gran desigualdad territorial de Madrid, porque el Gobierno Regional ni coordina, ni lidera”.

“Es más, coloca sobre las espaldas de los municipios la responsabilidad que le corresponde a la Comunidad, pero sin asegurar la financiación necesaria”, según ha detallado. “Ante este panorama, el Grupo Socialista va a registrar una enmienda a la totalidad con articulado completo alternativo para que, además de rechazar el proyecto de Ayuso que pretende acabar con los servicios sociales, podamos plantear nuestro modelo, que se ha trabajado con sindicatos, entidades, ayuntamientos y expertos/as”, continúan desde la formación.

Morales ha destacado que “apostamos por unos servicios sociales públicos que sean un pilar del Estado del Bienestar, que generen oportunidades y atiendan a las familias, además en un momento especialmente duro para la ciudadanía por la pandemia y las consecuencias de la Guerra en Ucrania”.

Pero también que “prioricen la gestión pública y directa con un catálogo de prestaciones y servicios amplio y de aplicación inmediata, no condicionado a posteriores desarrollos reglamentarios, que sean un derecho de la ciudadanía y con la garantía de financiación suficiente por parte de la Comunidad de Madrid”.

En definitiva, “unos servicios sociales públicos bajo los principios de universalidad, prevención, atención integral y solidaridad, con respeto a la diversidad, que tengan como objetivo la inclusión social, la autonomía personal, la calidad y la participación ciudadana, y todo esto, aplicando la perspectiva de género. Unos servicios sociales que hagan de Madrid una región mejor”.

Las dos acciones han sido acompañadas de las respectivas mociones en los ayuntamientos de la Comunidad para que, durante los meses de septiembre y octubre, paralelamente a la tramitación de esta Ley en la Asamblea, “se muestre el rechazo de las entidades locales”, según ha apostillado.

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