El origen de la causa se remonta al 2 de octubre de 2018, un momento en el que la Comunidad aún estaba gobernada por Ángel Garrido, tras haber dimitido Cristina Cifuentes, y estaba a los mandos de la cartera de Hacienda Engracia Hidalgo, actual concejal del ramo en el Ayuntamiento de Madrid. Aquel día, el Consejo de Gobierno acordó, en el marco de una subida nacional, la distribución del fondo del 0,2% de la masa salarial en el funcionariado que sirve en la región. La Puerta del Sol, sin embargo, no incluyó en este reparto a los trabajadores de Justicia al entender que era algo que correspondía al Estado.
El sindicato demandante elevó un recurso a la consejería, pero esta emitió una resolución el 4 de junio de 2019, con el Gobierno autonómico en funciones tras los comicios de ese año, negando extender la medida a estos funcionarios. Fue entonces cuando dio el paso y presentó demanda ante el juzgado. Para Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), según consta en la sentencia, se produjo una "vulneración del principio de igualdad por haber incurrido la demandada en discriminación al respecto del personal al servicio de la Administración de Justicia en relación con el resto de los empleados públicos".
Fuentes del Gobierno regional explican que ya han sido notificados y que están estudiando si interponer un recurso
Hacienda ha argumentado que "existe una imposibilidad competencial y legal" de aplicar esa medida salarial a los mencionados funcionarios, por lo que "no es posible el abono al personal" por "gozar este de un estatuto jurídico propio y un régimen específico cuya determinación corresponde al Estado y no a la Comunidad de Madrid", una justificación que la juez no ha dado por válida. En la sentencia enfatiza que el acuerdo del Consejo de Gobierno "comprendía a todo el personal al servicio de la Comunidad de Madrid". "La diferenciación en el cobro al respecto de ese fondo no encuentra justificación en las alegaciones", apunta.
El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 30 de la capital ha fallado en contra del Gobierno regional en el caso. Según las estimaciones de CSIF, con base en los datos facilitados por la Comunidad de Madrid, el montante total de este abono ascendería a medio millón de euros. Casado Guijarro condena, además, a que la consejería asuma las costas de la causa. Fuentes del Gobierno regional explican que ya han sido notificados y que están estudiando si interponer un recurso. Precisan, eso sí, que si hubiese un fallo firme en su contra abonarían la cuantía estipulada, que en CSIF cifran en ese medio millón y que estiman que supondría unos 78 euros anuales para los más de 6.400 trabajadores afectados
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