La Comunidad de Madrid exigirá al Gobierno central la revisión del mecanismo del tope del gas, ya que desde su entrada en vigor ha elevado el precio mayorista de la electricidad un 41%, afectando tanto a empresas como a particulares de forma muy negativa. Las cifras han alcanzado una media de 301€/Mwh, a causa del aumento en su demanda para la generación eléctrica en un 129% desde mayo.
Esta es una de las propuestas que el Ejecutivo autonómico remitirá al Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico para afrontar medidas de ahorro energético y que ha adelantado la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno. “Reivindicamos el modelo Madrid, que lo que busca es garantizar el suministro, seguir avanzando en la descarbonización y mantener nuestro crecimiento económico y la creación de empleo”, ha defendido.
En su opinión, estos “no deben estar reñidos”. “Son medidas con las que buscamos dar a los españoles respuestas que el Gobierno ahora mismo les está negando”, ha añadido la presidenta, quien ha denunciado que hasta el momento el Ejecutivo madrileño no ha recibido ningún documento ni borrador del Plan de Contingencia de Ahorro Energético que España deberá presentar ante la UE.
Por su parte, la consejera de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura, Paloma Martín, ha señalado que el “tope de gas es una medida mal diseñada y con efectos perversos que están pagando todas las familias y las empresas en sus facturas de la luz”. En este sentido, ha explicado que mientras que en julio el consumo en hogares y empresas ha disminuido un 23% con respecto a mayo, víspera de la entrada en vigor del tope, el uso de gas para generar electricidad se ha incrementado un 129% en ese mismo periodo.
En este momento, el aumento del coste en las facturas de particulares y empresas afecta principalmente a los acogidos a la tarifa regulada por el Estado (PVPC). Sin embargo, su efecto ya está llegando a quienes están en el mercado libre cuando les corresponde renovar sus contratos.
Las propuestas que ha analizado hoy el Consejo de Gobierno, y que remitirá este miércoles al Ministerio, están encaminadas a reducir el consumo de gas, disminuir nuestra dependencia del mismo y rebajar el precio de la luz. Además, tienen en cuenta su impacto en el crecimiento económico y la creación de empleo, y van en la misma línea que adopta Bruselas, realizando recomendaciones y no imposiciones para el sector privado.
El Gobierno regional propone un Plan Renove de calderas para actualizar masivamente modelos antiguos de gas natural por nuevos de condensación
De este modo, la Comunidad de Madrid propone acciones como un Plan Renove de calderas, con el objetivo de actualizar masivamente modelos antiguos de gas natural por nuevos de condensación, que ahorran entre un 15 y un 20% de consumo de gas. Esta inversión se podría realizar mediante los fondos europeos Next Generation.
Por otra parte, el Gobierno autonómico insiste en rediseñar el mix energético para dar cabida a todas las tecnologías, a fin de contar con un mapa energético seguro, estable, económico, independiente y descarbonizado. Esta reformulación permitiría aprovechar todas las fuentes de energía de forma “racional e inteligente”, como la nuclear, sobre la que se debe reabrir el debate de su vida útil, al ser más verde y menos contaminante.
Martín también ha criticado que el Gobierno de la Nación no haya enviado aún a la Comunidad de Madrid ningún documento que avance las grandes líneas del Plan de Contingencia de Ahorro Energético que España deberá presentar ante la Unión Europea, para poder realizar sus aportaciones. Y ha recordado que el pasado 8 de julio pidió por carta a la ministra del ramo, Teresa Ribera, que “abandonara su política de marketing, estableciera una hoja de ruta con medidas concretas eficientes y actuara de manera urgente sobre la fiscalidad” porque preveía que la falta de iniciativas efectivas e inmediatas iba a agravar la situación.
La Comunidad de Madrid ya ha propuesto en diferentes ocasiones abaratar la factura energética que soportan los ciudadanos, eliminando impuestos que disparan los recibos, ocho de ellos estatales que se pueden sustituir por uno único que incorpore los daños ambientales y uno de la Unión Europea sobre el CO2 y del de hidrocarburos, que debería ser temporalmente suprimido.
A nivel fiscal, también apuesta por acabar con las subvenciones que no estén vinculadas a la generación de electricidad y traspasar los sobrecostes de los sistemas eléctricos insulares, así como el déficit de tarifa, a los Presupuestos Generales del Estado.
Asimismo, la Comunidad de Madrid demandó hace dos meses un calendario con medidas de alcance temporal a corto, medio y largo plazo que volverá a solicitar. Para ello, se podrían aprovechar los fondos europeos y desarrollar proyectos que permitan el autoconsumo, reduciendo el 74% de la dependencia de importaciones de gas y petróleo.
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